Un total de once observaciones detectó la Contraloría Regional de Valparaíso en una auditoría efectuada al proceso de contratación, habilitación y utilización como residencia sanitaria del Hotel Enjoy San Antonio, ejecutado por el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA), entre las cuales se advierte un mal uso de recursos públicos, faltas a los protocolos de supervisión e incluso que el mencionado hotel no reunía las condiciones mínimas sanitarias para cumplir esta función.
Al respecto el diputado y precandidato presidencial del Movimiento Unir, Marcelo Díaz, valoró esta resolución en cuanto a que “hace meses vengo advirtiendo que estos contratos debían ser hechos en forma clara y pública. El Gobierno debió, a mi juicio, aprovechar otros espacios para recibir a los contagiados, como los propios ELEAM (Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores) con los cuales existía un convenio para que pudieran ser utilizados como residencias sanitarias”.
Junto con esto, el parlamentario agregó: “Me parece inmoral que en tiempos de pandemia, donde la gran mayoría de las y los chilenos se encuentran devastados económicamente, veamos a importantes instituciones de nuestro país despilfarrando recursos públicos que están destinados, justamente, a enfrentar la pandemia. Espero que existan las sanciones correspondientes y una aclaración por parte de las autoridades pertinentes porque junto con el eventual uso irregular de fondos fiscales, este informe de Contraloría señala que el Hotel Enjoy ni siquiera cumplía con las condiciones básicas sanitarias para ser utilizado como residencia lo que podría haber puesto en riesgo la salud de las personas”.
“A la luz de estos antecedentes es totalmente legítimo dudar respecto de los reales intereses de quienes impulsaron la contratación de los servicios del Hotel Enjoy”, enfatizó Díaz.
Santiago de Chile, 20 de abril 2021
Crónica Digital
Mar Abr 20 , 2021
El Gobierno concretó la tarde de este martes la presentación ante el Tribunal Constitucional de un requerimiento para frenar el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, luego de la aprobación del proyecto en la Comisión de Constitución del Senado y luego que se confirmara que la iniciativa será votada en Sala el próximo jueves 22 de abril. El Ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, insistió que la propuesta “se trata de una mala política pública, que perjudica las pensiones”, agregando que “existen otras formas de contribuir mejor a las familias de nuestro país” y que se trataría de una “iniciativa inconstitucional”. “El requerimiento se encuentra presentado hace pocos minutos”, confirmó el Secretario de Estado en un encuentro con la prensa en el Palacio de La Moneda, acompañado por el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, y luego de reuniones con Sebastián Piñera y otras autoridades del Ejecutivo. Ossa desestimó las advertencias de la oposición respecto a un “nuevo estallido social” en rechazo a la decisión del Gobierno: “Los chilenos quieren vivir en paz y esperamos que todos los líderes políticos condenen cualquier atisbo de violencia”, dijo. También rechazó una acusación constitucional contra Piñera, señalando que sería “muy errado pretender una acusación constitucional por ejercer los deberes constitucionales». Ossa argumentó que el Gobierno “ha impulsado importantes y necesarias ayudas para las chilenas y los chilenos”. Asimismo, manifestó que “uno de los grandes anhelos que tienen nuestros compatriotas ha sido mejorar sus pensiones, cuestión que es prácticamente imposible si se siguen retirando ahorros previsionales”. “También es nuestro deber velar porque las reglas que nos rigen sean respetadas y, es por eso, que presentaremos el requerimiento”, sentenció. En diciembre pasado, el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional en contra del segundo retiro, acción que fue acogida con el voto dirimente de María Luis Brahm, que fue la jefa de asesores del propio Presidente Piñera. Luego del anuncio, el candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, dijo La Moneda “comete un error” con el requerimiento. “Si el Tribunal Constitucional resuelve bloquear el retiro, el derrotado no será la diputada, o el diputado A, B o C. Es la gente de clase media que no recibe ayuda suficiente (…) Entiendo que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo, pero debe reconocer que el esfuerzo no llega a todos”, escribió en Twitter. El senador de la UDI Iván Moreira coincidió que se trata de “un error político”, enfatizando que “el Gobierno tiene todo el derecho de ir al Tribunal Constitucional, pero la clase media tiene el derecho también de recibir beneficios que aún no llegan a un sector importante de la población”. Luego de conocido el anuncio en La Moneda, el diputado Gabriel Silber (PDC) confirmó que comenzará a reunir las firmas para una acusación constitucional, argumentando que “si el Presidente Piñera va al Tribunal Constitucional, ello es simplemente cruzar una línea roja”. Piñera, agregó, “les está privando a los chilenos su legítimo derecho de que, […]
