MEDIOS ACUDEN A COMISIÓN INVESTIGADORA DEL AVISAJE ESTATAL

El diputado dijo que «estamos juntando antecedentes para modificar la ley, porque es pasiva y no garantiza, a nuestro juicio, mayores transparencias respecto a los planes de medios, pues muchas autoridades avisan en un lugar sin dar explicaciones».

Subrayó que el problema está en las políticas públicas, pues no hay garantías de que la publicidad llegue a los medios regionales.

En la cita estuvieron presentes el director El Mercurio, Cristián Zegers, y el gerente general, Jonny Kulka; el director de El Observador de Quillota, Roberto Silva; y el director de Radio Rancagua, Jorge Romero.

Zegers presentó un documento que describe la situación del avisaje en su medio (se adjunta al final de esta noticia) y donde se constata la importancia que registra la televisión en el mercado publicitario del estado. En tanto, Romero mostró conformidad con la acogida encontrada en los diputados ante la situación que afrenta su empresa.

Enríquez dijo que han detectado falta de criterios objetivos para la selección de medios, centralizándose los recursos publicitarios en determinados diarios nacionales, a pesar de la menor cantidad de lectores que tienen en comparación a otros periódicos locales.

«Poco a poco se está comprobando que urge mejorar el sistema de avisaje estatal, porque preliminarmente se puede apreciar una desigualdad y centralización de los recursos estatales en algunos medios de comunicación nacional», agregó.

Denuncian no entrega de información

El diputado denunció que algunos organismos del Estado no han negado informes que revelen la distribución de su avisaje, tal como lo han solicitado los miembros de la Comisión.

Recordó que un fallo reciente de la Corte Interamericana de Justicia ha recalcado la necesidad de transparentar la información pública y las recientes modificaciones constitucionales apuntan en el mismo sentido. «Hay que terminar con el secretismo estatal», enfatizó.

Enríquez-Ominami destacó la necesidad de crear una institucionalidad autónoma que regule, fiscalice y oriente en el traspaso de esta información. «Estamos estudiando medidas para ello y para transparentar su acceso, ya que es un pilar básico de una democracia».

La comisión terminará en diciembre con las audiencias y en enero redactará su informe con las conclusiones de la investigación. Enríquez recordó que una propuesta suya fue acogida en la Ley de Presupuesto que Chilecompra obligue a los servicios y ministerios a crear un plan anual de avisaje.

«La Dirección de Chilecompras emitirá una Directiva para que el Plan Anual de Compra de cada organismo público contenga un plan de contratación de servicios de avisaje, publicidad e información que indique, al menos: el objeto de las contrataciones, los medios o canales a utilizar, los presupuestos asociados, los fundamentos de eficiencia y efectividad del mismo y sus mecanismos de evaluación», señaló el legislador.

Actualmente los servicios avisan con un mecanismo que no les exige hacer conocidos los criterios determinados para distribuir los recursos, lo que se presta para favoritismos. Esto genera críticas por escasa transparencia y equidad.

En la sesión estuvieron presentes los diputados Alberto Cardemil, Marcelo Díaz, Andrés Egaña, Marcelo Forni, Tucapel Jiménez, Juan Carlos Latorre, Marco Antonio Nuñez, Gabriel Silber, Maria Angélica Cristi, Eugenio Bauer y Alejandro Sule.

El grupo invitó a representantes de TVN, The Clinic y medios críticos al tema del avisaje.

Lunes 20 de Noviembre de 2006

Crónica Digital

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LEY ANTITERRORISTA Y LA BURBUJA EN QUE VIVE CHILE

Mar Nov 21 , 2006
La legislación respecto a los indígenas de nuestro territorio no ha sido uniforme y sólo a medida que estos pueblos se hicieron presente en el acontecer nacional se fue regulando su situación. Se ha ido normando sin una política clara y global, sino más bien de acuerdo a hechos concretos que se van generando y que influyen en la economía o en la política del país. Por esto, principalmente se ha regulado su relación con los recursos naturales, como la tierra. A la luz de este análisis, es posible advertir que los únicos indígenas considerados en nuestra legislación fueron los mapuches. A ellos se les reguló en razón de las tierras que habitaban y no fueron reconocidos por su identidad particular, ni su cosmovisión en la cual se consideran parte de todo lo creado, relacionando los recursos naturales y el territorio en su integridad. El período indiano sería una excepción, donde de algún modo fueron consideradas sus costumbres. Antes de la presentación de la actual ley indígena ( Nº19.253 y que cumplió 13 años de vigencia el 5 de octubre), el entonces candidato a la Presidencia, Patricio Aylwin se comprometió a promover el reconocimiento constitucional de estos pueblos y a que Chile ratificara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, único instrumento internacional que había sobre el tema en ese momento…. Hasta hoy podemos escuchar a nuestra actual Presidenta Bachelet planteando las mismas intenciones cuando en el pasado 29 agosto se incluyó como etnia en Chile a los diaguitas. Chile ha admitido en esta legislación que existen en su territorio diversas etnias (se utilizó esta palabra porque el término “pueblo” lo consideró peligroso frente a la soberanía nacional), y también reconoce la tierra como un elemento fundamental de su cultura. Pese a ello, cuando se contrapone el poder de las empresas transnacionales con el uso de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas o cuando se criminalizan sus demandas de tierras, aplicando una ley de carácter terrorista por parte del aparato estatal, no parece suficiente la actual legislación para proteger sus derechos. Existirían otros intereses superiores, como los económicos que prevalecerían en estos casos frente a la manifestación de la voluntad soberana… De esta forma… ¿por qué determinadas demandas sociales constituyen delitos terroristas y otras no? Las imágenes que nos muestran los noticiarios, sobre las marcha de los estudiantes, o en relación al paro de los profesores y de la salud, no parecen menos atentatorias contra la propiedad privada… o el lanzamiento de un artefacto terrorista, porque es un acto terrorista en una marcha mapuche y no así el lanzado contra una ventana de la Moneda? … La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en su Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos (del 22 de octubre de 2002) que serían actos terroristas: “los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general…”. No parece que este estándar internacional sea coincidente con la regulación y consideración […]

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