El próximo 8 de junio comienza a regir en Chile la llamada nueva Ley de Responsabilidad Juvenil, la cual busca reducir los actuales índices de delincuencia en este segmento de la población dado que la actual norma jurídica impide no solo castigar con penas aflictivas a los menores que incurren en estos actos sino que, además, incentivar a través de modelos de reincersión social que no vuelvan a prisión.
UNA REALIDAD QUE PREOCUPA
Una reforma esperada ya que el estado había sido incapaz de abordar los efectos que provocan las desigualdades sociales y la falta de oportunidades de muchos jóvenes en Chile que encuentran en la delincuencia una solución errada para surgir socialmente o financiar sus graves problemas de hacinamiento, abandono social, pobreza y de drogas.
La nueva Ley Penal de Responsabilidad Juvenil, es un paso pero el espíritu que la crea se contradice con la realidad. A solo cuatro días de entrar en pleno funcionamiento el gobierno no ha sido capaz de resolver problemas básicos que permitan su éxito. No existe la infraestructura mínima que pueda contener a los cerca de 5 mil posibles jóvenes internos proyectados. Sin embargo, algunos sectores vinculados a materias de seguridad han insistido que la población penal juvenil podría en el mediano plazo llegar a unos 20 mil internos.
Otra carencia se ubica en la poca preparación de los profesionales que deberán cumplir la labor de formadores de los internos donde, además del reducido número, no han sido capacitados para enfrentar este tipo de menores, que son muy distintos a los que actualmente atiende el Sename, principalmente por su peligrosidad.
Hay que agregar que funcionaran bajo el modelo de cárcel, ósea, el perímetro será vigilado por gendarmería pero, en su interior, estará a cargo de personas que no cuentan con la preparación psicológica ni de defensa que les permita contener a estos jóvenes.
BAJOS SUELDOS
Una semana llevan protestando los trabajadores del Sename por la poca voluntad del Gobierno de resolver no sólo los temas de infraestructura, personal y capacitación que adolece la implementación de la nueva ley. Los funcionarios, que se encuentran en paro indefinido, reclaman por un sistema que no sólo mejores sus actuales ingresos económicos sino que los sueldos reflejen, efectivamente, la labor que cumplirán. Todo ello a través de una nueva ley orgánica.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Hacienda aún no consiguen llegar a un acuerdo salarial con los trabajadores del organismo. La entrada en vigencia de la Ley ha comenzado su conteo final y, el manto del fracaso esta rodeando públicamente su aplicación. De no resolverse esta materia sería un nuevo error del gobierno y donde ya los funcionarios lo han bautizado como el TranSename ya que se han tres condiciones que la asimilan: Una ley sin recursos, una marcha blanca marcada por la improvisación y la tozudez de los ministros que no están dispuestos a reprogramar su aplicación.
Santiago de Chile, 4 de junio de 2007.
Crónica Digital
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