El anuncio podría provocar una mayor polarización del debate dentro de la cúpula política por la respuesta de repudio de las grandes coaliciones del movimiento inmigrante.
En el mensaje de 17 minutos, transmitido en vivo por televisión a nivel nacional, Bush reiteró su propuesta de una reforma migratoria «integral», con inclusión de un programa de trabajadores temporales y un proceso para legalizar una parte de la población inmigrante indocumentada, pero el énfasis fue sobre medidas para imponer el control de la frontera y del flujo indocumentado.
Señaló que «el debate sobre migración ha llegado a un momento de decisión: primero, Estados Unidos tiene que asegurar sus fronteras… Nuestro objetivo es claro: la frontera debe estar abierta para el comercio y la inmigración legal, y cerrada a inmigrantes ilegales, como también para criminales, narcotraficantes y terroristas».
Admitió que a pesar de incrementar fondos para la seguridad fronteriza en 66 por ciento, y promover una expansión de la Patrulla Fronteriza de 9 mil a 12 mil agentes, «aún no tenemos el control pleno de la frontera. Esta noche llamo a que el Congreso otorgue financiamiento para mejoras dramáticas en personal y tecnología en la frontera».
Bush anunció que «en coordinación con los gobernadores, hasta 6 mil miembros de la Guardia (Nacional) serán desplegados en nuestra frontera sureña», durante un periodo de «transición», mientras se capacitan otros 6 mil agentes de Patrulla Fronteriza en los próximos años y se aplica más tecnología, equipo de vigilancia y se construyen algunas bardas.
El envío de la Guardia Nacional, dijo, se realizará durante un periodo «inicial» de un año. Según fuentes de la Casa Blanca, este despliegue comenzará a principios de junio.
Bush aseguró que «Estados Unidos no va a militarizar la frontera sureña. México es nuestro vecino y nuestro amigo. Continuaremos trabajando cooperativamente para mejorar la seguridad a ambos lados… para enfrentar problemas comunes del narcotráfico y crimen y reducir la inmigración ilegal».
El presidente subrayó que las tropas sólo serían empleadas provisionalmente para apoyar operaciones de la Patrulla Fronteriza y otras agencias encargadas de la seguridad en la frontera sur, y no participarán directamente en las actividades policiacas realizadas por la Border.
A la vez, anunció otra medida de seguridad por la que las fuerzas de seguridad locales y estatales ahora también participarán directamente en funciones de control de migración. Dijo que se incrementará el financiamiento federal para que autoridades estatales y locales ayuden a la Patrulla Fronteriza a detener inmigrantes indocumentados. Esto implica un cambio significativo, ya que, hasta ahora, a policías y agentes de seguridad pública locales y estatales no se les había otorgado la autoridad legal para ejercer funciones de control migratorio. Los «oficiales de seguridad pública estatales y locales son un recurso importante, y son parte de nuestra estrategia para asegurar nuestras comunidades fronterizas», anunció.
El presidente se refirió a los esfuerzos por agilizar la detención y deportación de indocumentados, y a la creación de un sistema de verificación de documentos, incluyendo una nueva credencial de identidad para cada trabajador inmigrante legal, dotada de «tecnología biométrica», entre otras medidas.
Después de establecer la seguridad fronteriza como prioridad, el jefe de la Casa Blanca reiteró su apoyo a un programa de trabajadores temporales, al subrayar que cada persona que participe en este programa tendría que regresar a su país de origen al concluir su estadía. Junto con esto, refrendó su apoyo a un proceso de legalización limitada para un sector de los indocumentados que han permanecido en el país durante varios años y que cumplan con ciertos requisitos y paguen multas, impuestos y aprendan inglés, pero rechazó que sea una «amnistía».
Reconoció las movilizaciones pro inmigrantes en las ciudades del país, como también esfuerzos antimigrantes en la frontera sur, y llamó a la cordura. «Estados Unidos necesita conducir este debate sobre migración con un tono razonado y respetuoso.» Instó al Senado a actuar antes de fin de mes, negociar con la Cámara y enviar un proyecto para que lo promulgue en ley. Insistió en que el proyecto debe ser «integral», ya que «todos los elementos de este problema se tienen que abordar en conjunto».
Pero el objetivo político del anuncio del envío de tropas y mayor participación de autoridades locales y estatales en establecer el control fronterizo es obvio: tratar de convencer a las filas conservadoras de su propio partido a apoyar su propuesta de reforma migratoria.
Al reanudarse hoy el debate sobre propuestas legislativas para una reforma migratoria en el Senado, un influyente sector republicano en ambas cámaras insiste en que no aprobará ninguna medida para la legalización de inmigrantes indocumentados, o un programa de trabajadores huéspedes, hasta que se aborde el asunto de la seguridad fronteriza. Con su anuncio, Bush intentó complacer a este grupo, previendo que obstaculizará la aprobación de cualquier reforma, aunque sea limitada. Líderes del Senado han señalado que esperan poder aprobar un proyecto de ley antes de fines de este mes.
Sin embargo, el anuncio sobre tropas provocó nuevas críticas de legisladores y agrupaciones pro inmigrantes y podría polarizar aún más el debate sobre migración que ha dividido al país y al partido del presidente Bush.
El líder de la mayoría en el Senado, Bill Frist, como muchos legisladores conservadores, apoya la iniciativa presidencial y ha reiterado que «primero necesitamos asegurar la frontera», ya que hasta el momento «nada ha funcionado» y por lo tanto debe considerarse la opción militar. Pero algunos de sus colegas, notablemente el republicano Chuck Hagel, junto con varios senadores demócratas, expresaron su preocupación de que la Guardia Nacional y las fuerzas militares ya están demasiado extendidas y agotadas por la guerra en Irak y Afganistán, como también por sus operaciones de rescate durante los huracanes en el Golfo de México.
A la vez, algunos legisladores conservadores se quejaron de que son muy pocas tropas, y uno dijo que se necesitaban hasta 48 mil hombres. Mientras tanto, el representante Tom Tancredo, líder del grupo antirreforma migratoria, denunció que el Senado simplemente está promoviendo una «amnistía», lo cual llevaría a un «choque con la Cámara».
Por otra parte, el anuncio provocó alarma entre agrupaciones pro inmigrantes a lo largo del país. La recién constituida Alianza Somos América, con más de 40 organizaciones, entre ellas coaliciones de defensa de migrantes, sindicatos, grupos comunitarios y religiosos y agrupaciones latinas, está formulando una respuesta al mensaje de Bush, que esperan difundir por la radio hispana a lo largo del país, repudiando el envío de tropas a la frontera.
Antonio González, presidente del Instituto William C. Velásquez y líder latino nacional, declaró a La Jornada que «la propuesta del presidente Bush de desplegar miles de efectivos de la Guardia Nacional demuestra una vez más el fracaso absoluto de su gobierno de entender las políticas y las soluciones» para este tema. En entrevista desde Los Angeles, González afirmó que «el desprecio de Bush por la comunidad latina y por México, no podría quedar más claro en esta maniobra para intentar aplacar a su base fanáticamente antimigrante y extremista». González pronostica que esto «radicalizará» el debate entre el movimiento pro inmigrante, causará una reacción «nacionalista» entre los mexicanos en ambos lados de la frontera, mientras que algunas agrupaciones latinas, dispuestas a negociar bajo casi cualquier condición, intentarán ofrecer una interpretación supuestamente pragmática de cómo esto ayudará a lograr un acuerdo legislativo.
La Alianza y otros grupos han convocado a un día nacional de cabildeo este miércoles, cuando organizaciones de todas partes del país enviarán mensajes por tarjeta postal, correo electrónico y llamadas telefónicas, mientras que se espera la llegada de miles a la capital para realizar visitas y así inundar al Congreso con la demanda de una reforma integral que incluya la legalización de los 12 millones de indocumentados y en oposición a medidas punitivas. El día culminará con una marcha y manifestación.
Flavia Jiménez, analista de políticas migratorias en el Consejo Nacional de la Raza, indicó que «el solo envío de tropas a la frontera no va a resolver el problema, y por eso necesitamos una reforma integral». Subrayó que aunque Estados Unidos «necesita controlar la frontera», eso por sí solo no resuelve nada, como constatan los miles de millones de dólares que se han invertido en medidas de seguridad fronteriza a lo largo de los últimos 10 años. «Si es un juego político o algo por el estilo, no lo sabemos», comentó. Acerca de las tropas dijo: «Simplemente no es solución».
Esta semana arranca de nuevo el gran debate sobre la reforma legislativa de la migración, en el cual el Senado intentará llegar a un acuerdo antes de fines de mes. Sin embargo, aun si logra aprobar un proyecto de ley, deberá ser negociado con la versión aprobada por la cámara baja en diciembre, el cual sólo incluye medidas punitivas contra migrantes y quienes les presten asistencia, y medidas de control fronterizo.
La maniobra de hoy de los estrategas de la Casa Blanca está diseñada para superar los obstáculos políticos que hasta ahora han estancado la reforma, y los próximos días comprobarán si fue una movida genial o sólo generará mayores problemas para un presidente políticamente debilitado.
Por: David Brooks (La Jornada)
Santiago de Chile, 16 de mayo 2006
Crónica Digital, 0, 72, 2
