BACHELET RECHAZA PRESIONES CONTRA SU GOBIERNO

«Se equivocan los que creen que por el sólo hecho de movilizarse lograrán que el gobierno tome una decisión que no fuera sensata», dijo la mandataria chilena durante el acto de inauguración de un centro comunitario de salud en Buin.

Haciendo alusión a las distintas manifestaciones de gremios y organizaciones sociales, incluida la que tiene lugar con los estudiantes secundarios, Bachelet defendió una postura abierta al diálogo, pero de rechazo a las presiones.

«Esta Presidenta escucha, dialoga y reflexiona, pero finalmente pensando en lo mejor para el país», señaló tras subrayar que el gobierno ha actuado con «mucha honestidad» ante las crecientes demandas de importantes sectores laborales y sociales.

En esta línea aseveró que se equivocan los que creen que por el solo hecho de movilizarse lograrán que el gobierno tome una decisión que no fuera sensata, e insistió en que «soy una persona que me convenzo por las buenas razones y con buenos argumentos».

En clara alusión a críticas de la derecha que le reprocha falta de liderazgo, la gobernante señaló: «se engañan quienes creen que la voluntad de diálogo es signo de debilidad, al contrario, dialogamos porque estamos uniendo la capacidad del gobierno con la de hacer».

Según la mandataria, se está gobernando con un sentido ciudadano y «eso refuerza nuestra tarea».

Mientras tanto, la ocupación de escuelas secundarias -que alcanza ya a una docena- y llamados a una movilización en reclamo de un cambio radical al sistema de enseñanza continuaban calentando hoy el ambiente social.

Ante lo que consideran falta de voluntad política del gobierno para asumir sus responsabilidades en la educación del país, el presidente del Centro de Alumnos del liceo José Victorino Lastarria, Federico Hernández, apeló al Parlamento.

El dirigente, que lidera la ocupación de ese centro de estudio en una de las comunas más aristocráticas de esta capital, hizo un llamado a lo parlamentarios a crear un proyecto de ley que garantice la calidad de la educación para todos los estudiantes.

Hernández dijo que los esfuerzos del movimiento secundario apuntan ahora a este objetivo. «A principio de año, ellos nos daban un apoyo entre comillas, pero al final no se ha llevado a debate la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE)», indicó.

El cambio de esta normativa, impuesta por el dictador Augusto Pinochet en 1980 como parte de su política de privatizaciones y que ha hecho de la educación uno de los negocios más lucrativos del país, es una de las principales demanda de los jóvenes.

«Nosotros no queremos derogarla sin ningún fundamento, lo que queremos es que el Estado garantice una calidad de educación para todos los chilenos, independiente de su estrato social», recalcó el dirigente.

Santiago de Chile, 14 de octubre 2006
Crónica Digital/PL , 0, 48, 3

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ENTRA EN UN LIMBO PROCESO POR CORRUPCIÓN CONTRA PINOCHET

Sáb Oct 14 , 2006
El proceso, iniciado en julio de 2004 tras descubrirse la existencia de millonarias cuentas secretas del ex gobernante en el banco norteamericano Riggs, recibió la víspera otro golpe mortal, esta vez desde Suiza. La fiscalía federal de ese país resolvió levantar la medida cautelar que había dispuesto y restituyó cerca de tres millones de dólares a su cliente, Oscar Aitken, ex administrador de los fondos secretos y compañías ficticias que poseía Pinochet en el exterior. Los fondos estaban depositados en una cuenta abierta por la sociedad Cornwall Overseas Corporation, mencionada en el exhorto que envió en 2005 el juez Sergio Muñoz, actual magistrado de la Corte Suprema, quien estaba a cargo del proceso en esa época. A través de una dudosa estrategia judicial, Rodrigo Henríquez, abogado del ex albacea, logró que su cliente recibiera el dinero que, a su juicio, legítimamente le pertenece, aún cuando no ha podido mostrar el origen de esos fondos. Henríquez consiguió en marzo pasado los certificados extra juicio en los que autentificó que su cliente nunca tuvo la calidad de funcionario público y que no existen procesos criminales en su contra por malversación de caudales públicos y lavado de dinero. Con los documentos quedaba certificado que no se daban las condiciones que exige Suiza para la entrega de información o retención de fondos, ya que Aitken sólo estaba procesado por evasión tributaria que no es un ilícito en el país europeo sino una falta. El abogado sostuvo que los había pedido para usarlos en los alegatos de la primera recusación presentada contra el juez Carlos Cerda, suspendido actualmente del proceso, aunque también podían serle útiles para otros propósitos. En marzo, al igual que ahora, Cerda se encontraba también marginado de la investigación por las cuentas del Riggs gracias a maniobras jurídicas dilatorias promovidas por la defensa del ex dictador y sus más cercanos colaboradores implicados en el proceso. Según medios locales, Jannette Palmer, portavoz de la fiscalía suiza rehusó entregar detalles adicionales sobre la liberación de los fondos de Aiken, aunque trascendió que funcionarios de ese país han mantenido contactos permanentes con autoridades chilenas. La decisión de liberar el dinero tiene lugar en medio de una fuerte crisis del Ministerio Público en el país europeo, cuyo Procurador General, Valentín Roschacher, dimitió recientemente tras ser tachado de ineficaz, según sostuvo hoy el diario La Nación. Hace dos días el vocero de la Oficina Federal de Justicia en Berna, Folco Galli, informó que la cooperación judicial con Chile por el caso Riggs había sido paralizada en julio pasado. Las autoridades helvéticas fundaron su decisión en que el exhorto que el magistrado Muñoz y las complementaciones despachadas por el juez Cerda sólo hacían alusión a presuntas contravenciones fiscales cometidas por Pinochet, sus familiares y ex asesores financieros. Pero en Suiza la evasión tributaria no es considerada un delito, sino una falta administrativa redimible por multa. Por ello, si Chile resuelve insistir en la petición de información tendría que cambiar la estrategia. De hecho -afirman fuentes judiciales- habría que […]

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