La iniciativa fue anunciada por los diputados Marco Enríquez-Ominami (Socialista), Alejandro Sule (Radical) y el independiente Tucapel Jiménez en medio de un fuerte debate por la negativa de la oposición derechista a cambiar el sistema electoral.
Esa normativa establecería dos instancias: la primera es el llamado a referéndum para el cual se necesitan las firmas del 20 por ciento del electorado, y la segunda su realización para permitir la remoción de cargos si se obtiene una mayoría del 50 más 1.
«La idea es devolver el poder a los ciudadanos. Actualmente éstos votan por sus autoridades y si no les gusta su desempaño no tienen más opción que esperar cuatro y hasta ocho años», sostuvo Enríquez-Ominami.
El proyecto, denominado Referéndum Revocatorio de Autoridades Políticas, sería aplicable a todos los puestos que requieran votación ciudadana, pero en una primera fase incluirá los cargos de Presidente de la República, senador, diputado, alcalde y gobernador, según los promotores.
Por su parte, Sule indicó que la propuesta responde a la falta de cumplimiento de las promesas electorales por parte de las autoridades políticas y, en especial, al debilitamiento de algunos con respecto a la reforma del sistema electoral, considerado antidemocrático y excluyente.
«La mayoría de los parlamentarios, tanto del gobierno como de la oposición, basaron sus campañas en la promesa de la sustitución del sistema binominal. Entonces decían que era urgente», recordó el diputado radical.
«Hoy, sin embargo, a sólo meses de ser elegidos, encuentran que es un tema que debe discutirse de forma prolongada y que aún no está listo para ser votado», insistió en referencia a la negativa de los partidos de la extrema derecha para aprobar el cambio.
Los legisladores señalaron que no enviarán inmediatamente la iniciativa a la Cámara para dar tiempo a otros diputados, en especial de la oposición, a sumarse a la iniciativa para mejorar el proyecto antes de someterlo a votación.
El sistema electoral fue impuesto por el ex dictador Augusto Pinochet poco antes de entregar el gobierno en 1990 para garantizar a la derecha opositora, que lo respaldó durante el régimen militar, la posibilidad de compartir el poder político.
Esa norma permite a los partidos de Alianza, con apenas 35 por ciento de los votos electorales, obtener más del 50 por ciento de los escaños, que le confiere un virtual poder de veto para frenar cualquier cambio constitucional en el país.
La posibilidad de plebiscito, aunque existe por le ley, no es vinculante y jamás ha sido empleada desde el fin de la dictadura en 1990. Los gobiernos de la Concertación había preferido hasta ahora gobernar mediante pactos con la derecha.
Santiago de Chile, 30 de junio 2006
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