El abogado Hugo Gutiérrez, y el tanatólogo Luis Ravanal -ex funcionario de ese servicio- entregaron al máximo tribunal pruebas que indicarían que la entidad sabía desde hace años que las osamentas que entregaron a familiares en 1991 no correspondías con sus identidades.
Entre los antecedentes, según manifestaron ambos en una conferencia de prensa, se encontraban cartas que los tanatólogos que laboraban en el SML enviaron a su director alertándolo de las irregularidades en el trabajo de identificación de las víctimas de la dictadura.
Los documentos fueron entregados para que el Pleno de la Corte los analice y tome las medidas correspondientes, entre ellas, la designación de un ministro de fuero (juez de dedicación exclusiva) para que investigue el caso.
«Tengo la impresión de que los antecedentes ameritarían la designación de un ministro en visita, a fin de que averigüe todas estas irregularidades e ilicitudes cometidas en el Servicio Médico Legal», señaló Gutiérrez.
Por su parte, Ravanal afirmó que el año 2002 se dieron a conocer antecedentes relacionados con errores en la identificación de restos de detenidos desaparecidos, y que el mismo año se hicieron algunas denuncias respecto a irregularidades en ese tema.
Las denuncias del perito también apuntan al desvío de recursos que debieron ser destinados para la investigación de estas osamentas, sin que las autoridades que tenían que ver con esta responsabilidad se preocuparan en controlar.
Ravanal calificó como «una insoportable crueldad, el hecho que no se hayan tomado medidas para corregir las deficiencias técnicas que fueron oportunamente y durante varios años conocidas por las autoridades políticas y el SML».
Según el experto las mayores irresponsabilidades se cometieron en el período en que el SML estuvo dirigido por el doctor Jorge Rodríguez, y también, del actual director Oscar Vargas, quien fue ratificado en el cargo por la presidenta Michelle Bachelet hace apenas unas semanas.
«Aquí ha habido una política de ocultar la verdad y perseguir a los que han denunciado las irregularidades. No solamente negaron la información a los tribunales, sino que también exoneraron a los funcionarios, una práctica ya institucionalizada desde hace años», apuntó.
Mientras tanto, la fiscal designada por el ministerio de Justicia para dirigir el sumario, Constanza Collarte, dijo que indagará «si existen antecedentes que hoy en día ameriten alguna formulación de cargos».
«Bueno, precisamente lo que se va a hacer ahora es reconstituir aquellos hechos y ver si existen antecedentes que hoy en día ameriten alguna formulación de cargos e investigación», dijo Collarte a su arribo al local del SML, en esta capital.
La fiscal, que es jefa de la División Jurídica de la cartera de Justicia, informó que tienen un plazo máximo «de 20 días» -menor a los 30 que había señalado ayer el ministro Isidro Solís- para establecer con exactitud las equivocaciones de procedimiento.
Además, deberá indagar el presunto ocultamiento de un documento que confeccionó la Universidad de Glasgow -donde detectaba ya errores en la identificación- en octubre de 1995 y que no salió a la luz pública sino hasta enero de 2002.
Al menos 48 de los cerca de un centenar de restos de ejecutados políticos encontrados en el Cementerio General en 1991 y entregados a presuntos familiares no correspondían con sus verdaderas identidades y deberán ser devueltos para una nueva investigación.
Santiago de Chile, 26 de abril 2006
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