El compromiso fue exigido por la Comisión de Medioambiente del Senado, como requisito para aprobar la idea de legislar en primera instancia sobre este proyecto.
Marcel Claude, director ejecutivo de Oceana, explicó a Crónica Digital que para hacer un cambio institucional real, se debe priorizar la creación de una autoridad ambiental independiente del gobierno de turno, al estilo del Banco Central o de la Contraloría General de la República. El Banco Central define sus políticas a través de 5 consejeros que están en sus cargos por 10 años. Un modelo como éste aplicado en la CONAMA, le conferiría a su dirección una verdadera independencia de las decisiones de gobierno.
Claude agregó que si finalmente se establece un Ministerio de Medioambiente, éste organismo debe contar con independencia técnica, pero sobre todo con capacidad de influir políticamente en la toma de decisiones del Gobierno de turno.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, el senador Antonio Horvath, confirmó la posición expuesta por Oceana, indicando que el cargo de Ministro Presidente de la CONAMA no va a tener una jerarquía directa respecto a la institucionalidad actual del Medio Ambiente y eso queremos prevenirlo y acotarlo en la ley, porque de lo contrario no tendrá poder resolutivo ni administrativo ya que cualquier problema que se produzca en la CONAMA va a ser resuelto a través de la Secretaría General de la Presidencia que es otro Ministerio.
El parlamentario señaló también que la comisión pidió la entrega de fondos suficientes para financiar este cargo y sus actividades, a fin de que no salgan de los recursos destinados a la CONAMA que son exiguos.
Además de una mayor influencia política, Oceana propuso que el nuevo ministerio deberá reconocer el valor del capital natural a través de una Contabilidad ambiental y patrimonial, puesto que los recursos naturales poseen un valor económico que debería incluirse en cuentas ambientales como parte de la preocupación de desarrollo del país.
Oceana, también sugirió avanzar en una evaluación ambiental estratégica, considerando los impactos a largo plazo, más que en el corto plazo; e incorporando elementos relacionados a la dinámica económica regional, a los encadenamientos productivos, a las tradiciones culturales locales (pueblos originarios), a los costos de aglomeración, al uso y ordenamiento del territorio, y a la estrategia de desarrollo regional.
Finalmente, la organización ambientalista solicitó una mayor fiscalización a las empresas y una evaluación de su desempeño, para verificar si efectivamente cumplen con los compromisos expuestos en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental.
Santiago de Chile, 19 de mayo 2006
Crónica Digital , 0, 76, 16
