La mandataria aseguró que su país decidirá de manera soberana y de acuerdo a sus intereses nacionales si apoya a la candidatura venezolana para ingresar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sobre el denominado Estatuto de Roma, pendiente de aprobación en el Congreso.
Las declaraciones responden a pedidos expresos del secretario norteamericano de Defensa, Ronald Rumsfeld, a su homóloga chilena, Vivianne Blanlot, durante una reunión que ambos sostuvieron la víspera en Washington.
En ambos casos Rumsfeld dejó entrever la posibilidad de que Washington aplique sanciones a Chile en el sensible campo de la colaboración militar, de estratégica importancia para Santiago dada su dependencia tecnológica de la industria armamentista de ese país.
«Chile ha tenido en el pasado, tiene y tendrá en el futuro una política exterior autónoma independiente. Chile ha dado muestras en el pasado que no acepta presiones de ningún lado y de ningún tipo y durante mi gobierno eso no va a ser diferente», afirmó Bachelet.
Recalcó que cualquier decisión frente al tema del TPI, a Venezuela o cualquier otro aspecto vinculado a la política exterior, será tomada por la Presidenta de la República pensando en la conveniencia del país, en el interés de la región y en el momento que corresponda.
Durante su visita ael martes a Washington, la titular chilena de Defensa reiteró a su par norteamericano el compromiso de La Moneda respecto al TPI, mientras Rumsfeld aprovechó para insistir en la oposición de su gobierno a la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad.
«Estados Unidos manifestó su preocupación, porque consideran que Venezuela sería un elemento claramente disruptivo», dijo Blanlot, tras resaltar que el secretario estadounidense le hizo ver que para su país «sería incomprensible» que Santiago votara por Caracas.
El mensaje de Rumsfeld viene a reforzar la presiones lanzadas también por la secretaria de Estado Condoleezza Rice y el entonces subsecretario, Robert Zoellick, al canciller chileno, Alejandro Foxley, el 21 de abril en Washington.
En esa oportunidad, Rice le manifestó a Foxley que su país «derechamente no entenderá» que Chile apoye a Venezuela ya que «atenta contra los intereses norteamericanos».
En cuanto al TPI, Blanlot señaló a su par estadounidense que el gobierno de Chile está comprometido con la ratificación de ese instrumento internacional y tiene la mejor disposición de mantener el excelente estado de las relaciones en el ámbito de la Defensa.
Explicó, sin embargo, que en ningún caso estaría dispuesto a aceptar excepciones relacionadas al artículo 98 como pide Washington, a pesar de las sanciones automáticas que Estados Unidos impone a los países que suscriben el acuerdo.
Estas significarían para Chile la pérdida de las condiciones ventajosas que actualmente disfruta en materia de Defensa, como los cursos de educación y capacitación militar, programas de entrenamiento y transferencia tecnológica y créditos para compra de equipamientos.
Chile adquirió el pasado año a Estados Unidos 10 aviones cazas F-16 de avanzada tecnología, y otros 18 a Holanda del mismo tipo. Todos requieren de la aprobación de Washington en materia de entrenamiento, equipamientos y mantenimiento.
Las restricciones que aplica Estados Unidos provienen del Acta de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas (ASPA), ley que promulgó el Congreso de ese país para evitar que personal militar sea procesado por el TPI en el futuro.
La normativa obliga a Washington a firmar acuerdos bilaterales, utilizando la posibilidad que establece el artículo 98 del Tratado de Roma, con los países firmantes con exclusión de los integrantes de la OTAN y aliados.
Santiago de Chile, 27 de julio 2006
Crónica Diigtal/PL
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