RECHAZAN COMPLACENCIA DEL GOBIERNO EN TEMA DE EMPLEOS

Martínez criticó la satisfacción mostrada por el viceministro del Trabajo, Zarko Luksic, con la tasa del 7,9 por ciento de desempleo en el trimestres enero-marzo, que equivalen a 518 mil 620 desocupados, reportada hoy por el Instituto Nacional de Estadística.

«Aquí no hay nada que celebrar. Hay tasas de desempleo altas y una mala calidad de empleo, y empresarios que aprovechan el desempleo para negar derechos», enfatizó el presidente de la multisindical, la más importante del país.

Poco antes, el subsecretario del Trabajo afirmó que las cifras reflejan una economía estable y que la gente puede tener esperanza.

Por su parte, el gerente general de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón, señaló que los mencionados efectos negativos por la baja del dólar aún no se aprecian en la tasa de cesantía de sectores exportadores.

«Yo no quiero decir que algunos efectivamente no estén afectados por el impacto que está teniendo la apreciación del peso, pero las frías estadísticas reflejan que aún esos sectores están creando empleo y expandiéndose», afirmó Alarcón.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer este jueves por el INE, el porcentaje de personas asalariadas -es decir que cuentan con contrato y pagos previsionales- llegó a 66,6 por ciento, la más alta desde 1998.

Según un reciente informe de la CUT, con las nuevas transformaciones en la organización del trabajo, más del 60 por ciento de la fuerza laboral está ocupada en empleos precarios.

Existe además una alta rotación del trabajo, con relaciones laborales a través de contratistas, subcontratistas u otras formas de triangulación del trabajo, que hacen más injusta la situación que enfrentan los trabajadores chilenos.

Santiago de Chile, 28 de abril 2006
Crónica Digital/PL , 0, 48, 12

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GOBIERNO ANUNCIA NUEVO PLAN DE EMPLEO

Vie Abr 28 , 2006
La reforma, que ya había sido adelantada por la mandataria la pasada semana, elimina la política seguida por anteriores administraciones que propició el presunto desvío de dinero de planes fiscales de empleo hacia campañas políticas en la Quinta Región. El escándalo -denominado por medios locales como «empleos brujos»- explotó tras las elecciones parlamentarias del pasado 11 de diciembre, en el que uno de los principales imputados es precisamente el ex secretario regional del Trabajo, José Manuel Mancilla. Osvaldo Andrade, ministro de Trabajo, explicó que uno de los pilares de la iniciativa será el fin del rol de intermediario asumido por esas instancias gubernamentales en la selección de los beneficiarios y asignación de los recursos. El enfoque, de corte liberal y que recuerda ciertas políticas del gobierno del presidente George W. Bush, busca descentralizar la implementación de los programas generando alianzas y convenios directos con instituciones públicas y privadas de «alta respetabilidad social». En este sentido, Andrade mencionó como futuros operadores, entre otros, al Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, los servicios de salud, Carabineros, corporaciones de educación municipal y la Fundación para la Superación de la Pobreza, entre otros. Según el cronograma del ministerio, el rediseño debería comenzar a materializarse en junio. El objetivo final, se informó, es unificar todos los planes de empleo fiscal directo diseminados en distintas agencias del gobierno mediante la nueva modalidad, con lo que los beneficiarios serían cerca de 25 mil, en lugar de los 13 mil 500 que existen actualmente. La directora del programa económico del ultraconservador Instituto Libertad y Desarrollo, Rosanna Costa, valoró que el Estado entregue parte de la ejecución de sus planes de empleo a entidades de la sociedad civil, alejadas de la manipulación de índole política. Costa calificó la medida de «un cierto avance hacia un espíritu más liberal» en una medida que acota el ámbito de acción del Estado y entrega mayor discrecionalidad a actores no gubernamentales. Sin querer vincular la reforma directamente al escándalo que se investiga en localidades de San Felipe, Quillota, San Antonio, Valparaíso y Viña del Mar, Andrade dijo que la idea es generar convenios directos con los ejecutores de los programas de empleo. «Queremos terminar con todo tipo de intermediación lo más posible, porque entendemos que ahí se generan, además, ritos burocráticos que complican más el asunto», dijo tras señalar que se busca simplificar la relación entre el órgano que financia, el que ejecuta y el beneficiario. El plan, aparentemente copiado de una similar aplicado por la administración Bush sobre la base de que las instituciones privadas con más eficientes que el Estado para administrar recursos estatales, no está tampoco exento de polémicas. Sus críticos creen que de esta manera el dinero público podría utilizarse para favorecer a las organizaciones de un credo por sobre otras, y potenciarlas con fines políticos o proselitistas, como de hecho ha ocurrido en Estados Unidos. Santiago de Chile, 29 de abril 2006 Crónica Digital/PL , 0, 137, 18

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