Si bien ya se manifestaban señales de desaliento con el nombramiento de un gabinete económico compuesto por tecnócratas neoliberales, lo que parece colmar el vaso es su negativa ahora a suscribir un proyecto legislativo contra la repudiada Ley de Amnistía.
La iniciativa, desarrollada por un nutrido grupo de parlamentarios progresistas de la Concertación y fuertemente apoyada por la izquierda y organizaciones de derechos humanos, pretende erradicar uno de los más odiados enclaves del régimen militar (1973-1990).
Impuesta en 1978 por el ex dictador Augusto Pinochet para proteger a los uniformados -incluido él- que participaron en los masivos crímenes contra opositores al golpismo, la normativa no ha podido aún ser anulada tras 16 años de gobiernos democráticos que le siguieron.
Su vigencia legal hace que magistrados comprometidos con el régimen anterior persistan en invocarla en sus fallos para terminar con los procesos en curso contra violadores de los derechos humanos, como sucedió la pasada semana con el juez Víctor Montiglio.
El magistrado, a cargo del emblemático caso de Caravana de la Muerte, aplicó la ley para liberar de responsabilidades penales a un grupo de connotados represores involucrados en ese operativo, uno de los episodios más sangrientos de los 17 años de dictadura.
El proyecto presentado la pasada semana en la Cámara de Diputados está al borde del fracaso por la negativa del Ejecutivo a suscribirlo ante el temor a provocar un conflicto con las Fuerzas Armadas, según revelan fuentes gubernamentales a medios de prensa locales.
El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, manifiestó ayer por primera vez su molestia con Bachelet y anunció el próximo envío de una dura carta a la mandataria quejándose de sus inconsecuencias con promesas comprometidas durante su campaña electoral.
Los comunistas, cuyo apoyo resultó decisivo para el estrecho triunfo de Bachelet en la segunda vuelta electoral, le reprochan no haber apoyado el proyecto que elimina la Ley de Amnistía y la lentitud con que el gobierno analiza el cambio al sistema electoral binominal.
«Me parece que al gobierno le ha faltado más iniciativa, más dinamismo», afirmó Teillier tras criticar el carácter secreto de una comisión gubernamental para presentar propuestas para el cambio del sistema, de donde fueron excluidos los sectores de la izquierda.
Más severo aún fue el Partido Humanista (PH), que junto a comunistas, la izquierda cristiana y otras fuerzas progresistas integraron el pacto Junto Podemos Más.
El conglomerado destacó que la negativa del gobierno a otorgarle suma urgencia al proyecto legislativo contra la amnistía, «demuestra la falta de disposición política para terminar con uno de los tantos enclaves autoritarios heredados de la dictadura».
En un comunicado distribuido en la víspera, los humanistas afirman que leyes como las que se pretende eliminar son «las que no permiten avanzar a la sociedad chilena» y -en su opinión- «devela la fragilidad del discurso pro Derechos Humanos esgrimido por el gobierno de la Concertación».
Efrén Osorio, presidente del PH, elogió la iniciativa parlamentaria como «una señal importante que avanza hacia el esclarecimiento» de las causas que están siendo consideradas en los tribunales chilenos contra ex represores de la dictadura.
El dirigente humanista fue categórico al expresar que el fallo de Montiglio la pasada semana muestra que en definitiva el tema de los derechos humanos no ha sido superado y surgen siempre tentaciones para que sus violadores queden en libertad.
Por: Angel Pino Rodriguez. El autor es periodista y corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 21 de abril 2006
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