El manejo oficialista de los logros, sobre todo a raíz de iniciarse el pasado 11 de marzo el último año del presidente Ricardo Lagos en La Moneda, no ha conseguido sin embargo acallar las críticas de importantes sectores.
Las cifras y los elementos que se presentan con amplio destaque de medios nacionales y extranjeros muchas veces ocultan -deliberadamente o no- otras realidades a las que no se atribuye igual nivel de difusión y que conforman los flancos débiles de los gobiernos concertacionistas.
Pero aún si se profundiza en el análisis, los índices promedio del crecimiento económico demuestran que se está produciendo un declive desde 1990, cuando se inició el primer gobierno de la Concertación (coalición integrada por los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, por la Democracia y Radical Social Cristiano).
Entre el 2000 y el 2005, a pesar de los altos precios del cobre, que permitieron a la economía empinarse el pasado año hasta el 6,2 por ciento, la administración del presidente Lagos ha tenido un resultado promedio de 4,1 por ciento, menor que el 5,4 de su predecesor, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y muy inferior al de Patricio Aylwin (1990-1994), que fue de 7,7.
Altas tasas de desempleo (8,4 por ciento según cifra oficial, más de 11,0 de acuerdo con economistas opositores y los gremios), crecimiento de la desigualdad social, de la delincuencia, deterioro en materia de educación y salud, son algunas de las deficiencias destacadas por sus críticos.
En cuanto a la distribución de las riquezas, un estudio elaborado por los economistas Rodrigo Fuentes y Verónica Mies, publicado recientemente por el Banco Central, constata una vez más que Chile es «una de las economías más desiguales del mundo».
De acuerdo con el índice Gini -que un nivel de cero indicaría una sociedad perfectamente igualitaria, mientras el 100 una totalmente desigual-, el país sudamericano tiene coeficiente de 58, superado sólo por Brasil (59,3), uno de los peores del mundo en esta materia.
Citando cifras del Banco Mundial, el estudio constata que la distribución de ingreso en los últimos 15 años empeoró, lo que demuestra que la publicitada «equidad», insistentemente repetida en las consignas oficialistas, no sólo no se ha expresado en la realidad, sino que ha empeorado en comparación con la dictadura militar.
En el tema de seguridad, un millón de delitos por año sería el récord absoluto en las falencias que subrayan los críticos, cifra que dobla las que existían hace cinco años y que representan dos mil 700 delitos por cada día.
Los planes que ha desarrollado el gobierno en esta materia no han sido efectivos y, por el contrario, el robo con violencia es tres veces más alto en las localidades que forman parte de su programa estrella (Comunas más Seguras) que en las que no pertenecen a él.
También concluyen que en educación el país se encuentra estancado en un mal nivel, como lo demuestran los últimos exámenes de acceso a las Universidades, y que la salud sigue en lista de espera, con graves carencias materiales e insatisfacciones en la población.
POLITICA LABORAL
A esto se suma la falta de voluntad política o incapacidad del gobierno para terminar con las graves irregularidades que deben enfrentar a diario los trabajadores chilenos, según constata una comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
En un informe que será presentado en breve, cuyos resultados fueron parcialmente adelantados por el diario La Nación, los legisladores afirman que los mismos problemas que fueron detectados en un estudio similar realizado en 2001 se mantienen hoy y en algunos casos han empeorado.
A juzgar por los resultados, el gobierno del presidente Lagos poco o nada ha hecho para cambiar la situación de los trabajadores, que en nada se han beneficiado del crecimiento económico.
«Mientras el país ha tenido altas tasas de crecimiento con resultados cada vez más favorables a las grandes empresas (privadas), los trabajadores de éstas se sienten sistemáticamente al margen de los beneficios que con su trabajo diario contribuyen a producir», apunta.
Los antecedentes recogidos por los diputados permiten también decir que en Chile se mantienen las discriminaciones por sexo u opción sexual, edad y condición social, y que persisten las prácticas antisindicales en muchos sectores.
Entre las irregularidades citadas se destacan abusos en el pago de imposiciones y en el respeto de la jornada de trabajo y turnos, además que faltan recursos para la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, punto que alarma a las autoridades.
Se espera que la comisión proponga hacer varios cambios a la ley de Reforma Laboral, insistiendo en temas como la eliminación del concepto de empresa, mejor reglamentación de la subcontratación, y nuevas interpretaciones a las normas contra prácticas antisindicales.
Los legisladores se refieren igualmente a la necesidad de que el gobierno disponga mayores recursos para la fiscalización de las empresas, para hacer cumplir los derechos fundamentales de los trabajadores y el respeto de la jornada laboral.
Hasta comienzos de este año, cuando entró en vigor una ley aprobada desde el 2001 y que reduce de 48 a 45 las horas laborables en la semana, las jornadas de trabajo en Chile eran de las más largas del mundo (hasta 12 horas diarias).
En las grandes empresas privadas de servicios, como cadenas de supermercados, tiendas y farmacias es donde más irregularidades se detectan. «Existe una sensación de inseguridad para quienes se atreven a formar sindicatos y a afiliarse a uno de ellos», afirma el informe.
La fuerza asalariada en Chile corresponde a 3,5 millones de trabajadores y sólo el cinco por ciento está cubierto por instrumentos colectivos.
Aunque la última reforma reforzó este tema y la tasa de sindicalización se ha incrementado ligeramente, la comisión detectó «un sinnúmero de prácticas antisindicales», según la versión adelantada por La Nación.
Por: Angel Pino *El autor es Corresponsal de Prensa Latina en Chile.
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