El anuncio, el miércoles, de un principio de acuerdo de todas las fuerzas políticas de llegar a un arreglo para quitar de la Ley Antiterrorista el delito de incendio, que hoy mantiene bajo arresto a cuatro comuneros mapuches, dio una luz de esperanza.
Desde entonces numerosas propuestas han surgido para ir más allá de la situación particular de un grupo condenado o procesados bajo ese engendro impuesto desde la dictadura militar, y abordar el asunto desde una perspectiva global como pueblos originarios.
Para el martes próximo fue fijado un encuentro entre los senadores de la Comisión de Constitución y los ministros del Interior, Andrés Zaldívar, y de Justicia, Isidro Solís, que se darán cita para tratar de convenir en una fórmula de consenso.
La presidenta Michelle Bachelet aprovechó ayer la celebración del Año Nuevo Mapuche o We Tripantu para reafirmar su compromiso de impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
«No se trata sólo de pobreza, sino de hacernos cargo de las necesidades más urgentes de esas comunidades, de reconocer a los pueblos que son diversos, y hay una que es fundamental, la ampliación y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de Chile», apuntó.
La mandataria dio así una señal sobre otro de los puntos que debe involucrar una solución global al conflicto mapuche, además de los planteos de más tierras y más seguridad para las víctimas, adelantados por los senadores que buscarán el acuerdo.
Bachelet se comprometió también a ampliar el Fondo de Tierras, además de los recursos para mejorar caminos rurales, mejorar la cobertura de agua potable rural y aumentar el sistema de becas a indígenas.
La gobernante dijo que propiciará al mismo tiempo la participación de los dirigentes indígenas en la discusión de las grandes políticas públicas, en tanto que se buscará avanzar en la designación de agregados culturales de las diferentes etnias que existen en el país.
De parte de la derecha opositora, que históricamente ha instigado la persecución y el uso de la fuerza para doblegar la resistencia indígena, también se dieron señales ahora de alguna flexibilidad para enfocar el asunto en su vasta complejidad.
El senador Alberto Espina, de la opositora Renovación Nacional, abogó ayer por otorgar seguridad a las víctimas y comprometer a las comunidades para terminar la violencia a través de un «Acuerdo de Pacificación» de la Araucanía, habitada mayoritariamente por indígenas.
Sugirió incluso la posibilidad de un indulto presidencial, pese a que esta herramienta fue descartada por el gobierno desde el comienzo del conflicto, cuando los propios movimientos pro libertad de los comuneros lo solicitaron.
«El perdón es mucho mejor. No nos engañemos, modificar la Ley Antiterrorista no es necesario, porque es un resquicio para liberar a los mapuches, o sea que vamos a echar a perder la ley con el pretexto de dejar a los cuatro comuneros libres», aseveró.
Esa posición, sin embargo, choca de frente con la voluntad de La Moneda.
Luego que Bachelet debió enfrentar en España al premio Nobel José Saramago, quien le rogó «mirar a los chilenos más antiguos», las autoridades dijeron que no pueden «ni indultar, ni rebajar penas, ni decretar la libertad incondicional, ni la libertad condicional».
El indulto se estrella también con la resistencia de los sectores más extremistas de la derecha.
El senador Hernán Larraín, de la Unión Demócrata Independiente, sostuvo al momento de comprometer el principio de acuerdo, que la amnistía que piden los socialistas generaría un problema de seguridad ciudadana.
Por: Angel Pino R. el autor es corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 25 de junio 2006
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