La solicitud está contenida en una carta que será entregada mañana en el Palacio de La Moneda y que apela a normas legales vigentes en el país y, en especial, a la reforma constitucional de septiembre de 2005, que obligarían al gobierno a entregar esa información.
La votación, que tuvo un carácter secreto, fue efectuada el pasado 9 de mayo en la Asamblea General de la ONU, y la Cancillería se ha negado hasta el momento a revelar la posición de Chile en la materia, según las organizaciones.
Entre los firmantes se encuentran el abogado Juan Pablo Olmedo, presidente de la Red; Domingo Lovera, de la Clínica de Acciones de Interés Público de la Universidad Diego Portales; Andrea Sanhueza, de la Corporación Participa, y María Eugenia Díaz, de la ONG «Genera».
Según la normativa, sólo una ley de quórum calificado puede establecer la reserva o secreto de los actos y resoluciones de los órganos del Estado.
Este se da solamente cuando la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.
Los firmantes señalan que la decisión del gobierno de mantener en secreto su votación en la mencionada elección «no se encuentra respaldada por ninguna de las hipótesis previstas en esa normativa, ni en los tratados internacionales ratificados por Chile.
La carta solicita conocer los nombres de los países por los que sufragó la delegación chilena en la Asamblea General en la primera, segunda y tercera votación para la elección del Consejo de Derechos Humanos, así como el criterio utilizado.
Piden conocer también los documentos que contengan las valoraciones que la Cancillería realizó sobre los aspectos de derechos humanos de cada uno de los países candidatos y que fundamentaron las votaciones realizadas.
Entre los cuerpos legales convocados por los firmantes figuran La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Constitución chilena y la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.
De acuerdo a voceros del grupo, una iniciativa similar se está realizando paralelamente y en forma concertada por organizaciones de la sociedad civil en Argentina, Suecia, Inglaterra y España, países que tampoco dieron a conocer el contenido de su votación en la ONU.
Santiago de Chile, 24 de mayo 2006
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