La Bancada de Diputados del PPD estamos dispuestos a trabajar con seriedad y mucha responsabilidad para cambiar el sistema binominal. Nosotros estamos decididos a explorar distintas formas, escenarios, propuestas pero nuestro propósito fundamental es que se avance a cambiar el sistema, dijo la parlamentaria oficialista.
Muñoz agregó que el objetivo de las diputadas y diputados del PPD es lograr las bases de un acuerdo político, con todas las fuerzas políticas del país, que concluya en esta oportunidad en un cambio del sistema.
No nos asusta ninguna fórmula. Estamos disponibles al re-distritaje, al aumento de parlamentarios, a la disminución de parlamentarios, a las propuestas que se hagan con el propósito de conseguir el cambio del sistema, sostuvo la legisladora.
En este sentido, la diputada Muñoz adelantó incluso el apoyo de la Bancada del PPD a la idea planteada por la Presidenta, Michelle Bachelet, de convocar a un plebiscito para resolver la modificación al sistema electoral en caso de no lograrse un acuerdo político.
Si fracasan las negociaciones de la clase política y de los distintos partidos, recogemos con mucha seriedad la propuesta de la Presidenta de llegar a hacer una consulta popular, concluyó.
Por: Yelka Catalán
Valparaíso, 21 de agosto 2006
Santiago de Chile, 21 de agosto 2006
Crónica Digital , 0, 81, 3
Lun Ago 21 , 2006
Pese a que Banzer, fallecido en 2002, nunca fue juzgado y hasta volvió a gobernar como presidente elegido (1997-2001), el aniversario de aquel cuartelazo sigue abriendo heridas dolorosas, según el periódico El Deber de la oriental ciudad de Santa Cruz. Así lo demostraron en los hechos familiares de muertos y desaparecidos bajo la dictadura, así como organizaciones defensoras de los derechos humanos, con demandas de justicia, tanto en La Paz como en Santa Cruz. En La Paz, el senador del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y veterano periodista Antonio Peredo declaró a Prensa Latina que el régimen de Banzer fue como un laboratorio para el establecimiento de regímenes criminales en la región, promovidos por Estados Unidos. Agregó con satisfacción que ahora Bolivia vuelve a ser un laboratrorio, pero de la esperanza y del futuro de los pueblos de América Latina, en referencia al proceso que encabeza el presidente Evo Morales. La principal oposición a ese proceso está a cargo del grupo Poder Democrático Social (Podemos), que encabeza el ex presidente y heredero político de Banzer, Jorge Quiroga, mientras en el gobierno hay veteranos de la lucha contra aquella dictadura, como Peredo. Al señalar la necesidad de castigo para los crímenes de ese régimen, Peredo consideró inadmisible pretender que el juicio pendiente por los asesinatos, las desapariciones y otros delitos de lesa humanidad, quede sin efecto por la muerte del principal acusado. Nunca hubo un juicio porque Banzer propició el golpe de Luis García Meza (1980-81) y el asesinato durante ese cuartelazo del principal impulsor del proceso, el líder socialista Marcelo Quiroga, recordó el parlamentario. Con el restablecimiento de los gobiernos civiles, en 1982, Banzer y su partido, Acción Democrática Nacionalista (ADN), anudaron pactos de cogobierno y posteriormente de sustento al neoliberalismo que sumieron al juicio en el olvido. En ese contexto, recordó Peredo, Banzer tuvo la desfachatez de afirmar, durante su segundo gobierno, que cualquier causa en su contra estaba prescrita y que no tenía ninguna deuda que pagar, mientras sus víctimas siguen sin que se les haga justicia Según el legislador, sin embargo, hay implicados en los crímenes del régimen de Banzer que, lamentablemente, caminan impunes por las calles y hasta están en el Parlamento, en evidente alusión al grupo Podemos, para muchos una versión reciclada de la agonizante ADN. En Santa Cruz, el presidente de la Unión de Víctimas de la Violencia Política (UVVP), Nuri Rengiffe, deploró que los tribunales hayan olvidado los crímenes de una dictadura que dejó huellas de horror e impotencia en víctimas, familiares y amigos. Anunció la presentación de recursos ante instancias internacionales, para que se compense de alguna manera a las víctimas, para lo cual el pasado gobierno de Carlos Mesa (2003-05) promovió una ley de resarcimiento que no se ha ejecutado por falta de recursos financieros. Por su parte, el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, demandó a la Corte Suprema y al Consejo de la Judicatura acciones legales que correspondan para agilizar los procesos por las desapariciones. Entre éstos, destaca el del […]
