La familia del suboficial Jorge Basulto, una de las víctimas, pedirá a través de su abogado, Alfredo Morgado, que el comandante en jefe de la institución castrense declare ante el fiscal militar que investiga el hecho, ocurrido el pasado septiembre en la Antártica.
La decisión se basa, según explicó el abogado, en que el nombre de Cheyre, así como los de otros miembros del alto mando institucional, aparecen mencionados en el sumario del caso que lleva adelante el fiscal militar, Marcos Ibacache.
El general, quien debe entregar el mando el próximo marzo, negó ayer que haya estado en conocimiento de los detalles de la investigación, pero se mostró dispuesto a declarar a través del Ministerio Público Militar.
Los fallecidos formaban parte de una operación no oficial ordenada por el jefe de la Base O Higgins, Armando Ibáñez, y su subcomandante, Mauricio Toro, ambos encausados por cuasidelito de homicidio, incumplimiento de deberes militares y falsificación de documentos.
Cuando se conoció el año pasado el mortal accidente en el continente blanco la versión del Ejército fue que la patrulla cayó a una grieta de 40 metros mientras cumplía una misión institucional.
Investigaciones posteriores arrojaron que en la misión oficial no existía y el capitán Enrique Encina y los suboficiales Fernando Burboa y Jorge Basulto fueron enviados al rescate no-autorizado de un trineo perdido el 6 de septiembre.
El accidente tenía lugar solo unos meses después de que 44 reclutas mal vestidos -menores todos de 19 años y provenientes de familias pobres- murieron también por hipotermia durante una caminata ordenada por sus superiores en medio de una tormenta de nieve y viento.
Según declaró a la fiscalía el coronel Santibáñez, el encubrimiento de los hechos fue propiciado por el alto mando, ya que el general José Miguel Piuzzi -entonces jefe del Comando de Apoyo Logístico- lo habría «orientado» para que no develara lo que realmente sucedió.
El propósito alegado era «salvaguardar la imagen institucional», ya afectada tras la tragedia de Antuco, el mayor desastre de las Fuerzas Armadas chilenas en tiempo de paz, que había conmovido en mayo del pasado año a la opinión pública nacional.
El informe interno del Ejército del 5 de octubre habría sido, de acuerdo a la versión de Santibañez, leído, revisado y modificado por el general Piuzzi, quien «mantuvo las orientaciones ya recibidas y me ordenó difundirlo».
Cheyre, quien se encontraba de viaje por Europa cuando salió a la luz el escándalo, afirmó categóricamente a su regreso que estaba ajeno a lo sucedido y no tuvo nunca conocimiento de los resultados de las investigaciones hasta el pasado 12 de enero.
Para el abogado Morgado -representante de la familia de una de las víctimas- con estos antecedentes resulta difícil creer que dada su responsabilidad sobre la rama castrense el general no hubiera estado al tanto desde un primer momento de lo que había sucedido.
Indicó que esto «tendrá que ser dilucidado y transparentado» por la justicia y pidió la concurrencia de Cheyre, del ex jefe de la Quinta División, general (r) Luis Clavel, del coronel Guillermo San Martín, del Comando de Apoyo Logístico, y del jefe de la unidad, general Piuzzi.
«Lo que más les duele a la familias es justamente haberse enterado por la prensa de las verdaderas causas de la muerte de los soldados. Ellos sienten que hubo maniobras de encubrimiento», afirmó el jurista.
Parlamentarios miembros de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados señalaron ayer que es necesario aclarar las contradicciones surgidas en este caso, aunque el gobierno -al igual que durante la tragedia de Antuco- salió de nuevo en defensa del jefe del Ejército.
Santiago de Chile, 8 de febrero 2006
Crónica Digital/PL , 0, 72, 3
