La consulta, encargada al Centro de Estudios de Opinión Ciudadana (CEOC) de la Universidad de Talca, arrojó resultados reveladores sobre el clima o sensación de inseguridad que enfrentan los residentes del Gran Santiago.
Entre las modificaciones más importantes que harían los entrevistados al nuevo sistema procesal están el endurecimiento de las penas (75 por ciento) y la eliminación del sistema de libertad provisional (39).
Le siguen en orden restaurar la detención por sospecha (36 por ciento) y suprimir la libertad condicional por buena conducta (30), indica el estudio, que incluyó a 400 personas mayores de 18 años, de las cuales el 51 por ciento eran hombres.
Según Medardo Aguirre, director del centro, esto se debe a que hay «una noción fuertemente instalada en la opinión pública, según la cual el estado natural de una persona investigada por la comisión de un delito debiera ser el de la privación de su libertad».
Esa idea -señala- se ha visto influida en el último mes por el cuestionamiento al espíritu de la reforma procesal penal (RPP), debido a los casos de delincuentes que se les otorga la libertad provisional y por la sensación de temor que provocan delitos de alto impacto.
Por lo anterior y pese a que las cifras indican que los delitos no han aumentado, el 56 por ciento de los entrevistados cree que la delincuencia ha crecido con las reformas al sistema penal y apenas el dos considera que ha disminuido.
En materia de seguridad, sólo el 20 por ciento de los santiaguinos se siente más seguro con el nuevo sistema judicial.
Aguirre explicó que «la crítica frente a la blandura en el uso de la prisión preventiva no es nueva y ha estado en el centro de la polémica», que ven al sistema de justicia como una puerta giratoria, a través de la cual los delincuentes salen libres apenas entran.
Por otra parte, el 96 por ciento de los santiaguinos consultados consideran que la función rehabilitadora de la cárcel no se cumple y que el sistema es muy garantista: el 74 cree que existe más protección al imputado que el reconocimiento del derecho de la victima.
Respecto a la evaluación de la coordinación entre el Ministerio Público y las instituciones policiales, el 57 por ciento la evalúa regular y el 28 de mala a muy mala.
Según Aguirre, el problema radica en la ausencia de un órgano dedicado a la correcta ejecución de las medidas cautelares y a las sanciones no privativas de libertad que establece la ley sobre medidas alternativas a la reclusión, por falta de control.
A partir de ello, el 82 por ciento considera adecuado que exista una nueva institución policial o ministerial encargada del seguimiento de los delincuentes que se encuentran en prisión preventiva, pero sólo el 24 está de acuerdo con crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana.
Santiago de Chile, 24 de julio 2006
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