Con el apoyo de padres y algunos maestros, los alumnos del Instituto Nacional y del Liceo de Aplicación, dos de los más emblemáticos centros de educación pública del país, escalaron en sus protestas para forzar al gobierno a una definición política.
Los jóvenes reclaman la gratuidad de las pruebas de ingreso a las universidades y del transporte escolar, así como cambios en los programas de estudio para mejorar la calidad de la enseñanza pública, que consideran costosa y deficiente.
Las ocupaciones -que no serán desalojadas por la policía, al menos durante el fin de semana, según comprometió el alcalde de Santiago Raúl Alcaíno- buscan intensificar la presión hasta recibir una respuesta satisfactoria del Ejecutivo.
Más allá de las negociaciones, suspendidas por parte del Ministerio de Educación, los estudiantes esperan que Bachelet se refiera a la problemática secundaria en su primer informe a la Nación de mañana ante el Congreso Nacional.
Hasta el momento, la gobernante ha rehusado referirse al fondo del problema. Consultada ayer por la oleada de protestas estudiantiles, sólo fue enfática en criticar los actos de violencia, y reiteró sólo el diálogo es la vía para enfrentar el problema.
«Todos sabemos que el Ministerio de Educación ha estado con una mesa de negociación donde se ha avanzado mucho en estos temas, así es que vamos a continuar avanzando porque para nosotros la educación es fundamental», dijo Bachelet sin entrar en mayores detalles.
A pesar del boom del cobre, que dejará este año más de 10 millones de dólares como excedentes al Estado chileno, el gobierno sostiene que el costo de lo que demandan los estudiantes sería demasiado alto para la situación económica del país.
El ministro del ramo, Martín Zilic, fue enfático ayer al responder sobre las ocupaciones de centros de estudio. Dijo que la secretaría regional de esa cartera (SEREMI) está autorizada para disuadir cualquier manifestación, incluso por la fuerza.
Subrayó que esas autoridades tienen todo el respaldo del gobierno para autorizar a la Policía de Carabineros a que desalojen los recintos, y manifestó que «los jóvenes que participan en las protestas están poniendo en peligro el movimiento estudiantil».
Aseguró además que esta radicalización en los métodos de lucha por sus reivindicaciones es «lamentable y desprestigia al movimiento secundario, porque hemos avanzado en los temas», principalmente en los que respecta a la gratuidad.
«Como los Carabineros nos reprimen brutalmente en las calles cuando tratamos de hacer valer nuestros derechos, hemos decidido hacerlo desde el interior de las Escuelas para que no nos puedan acusar de instigar la violencia», dijeron a Prensa Latina voceros de los estudiantes.
Germán Westhoff, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional y Cesar Valenzuela, de la Asamblea estudiantil, manifestaron su confianza en que Bachelet se referirá al tema en su informe de mañana, pero advirtieron que no depondrán sus demandas.
La comunidad del Instituto Nacional José Miguel Carrera, exigen además de los temas de gratuidad una modificación de la Ley N 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, vigente desde el 10 de marzo de 1990.
Para ellos «el aspecto cualitativo -la normativa pone énfasis a la forma cuantitativa- merece una reflexión profunda, no sólo de los estudiantes, sino de toda la sociedad, para elevar los estándares nacionales e internacionales de calidad».
Santiago de Chile, 20 de mayo 2006
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