El día 10 julio 2020, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se comunicó con el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, a fin de informarle que se suspendía todo diálogo con la Confederación, y que se congelaban las propuestas efectuadas en la reunión del 26 de junio, encuentro en el que participó el Directorio Nacional de la ANEF con el ministro y el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. En la ocasión, ambos personeros de gobierno comprometieron instalar un espacio bipartito de trabajo y coordinación que permitiera un diálogo, por una parte, respecto al tema sanitario, sobre condiciones de retorno al trabajo presencial de los funcionarios/as públicos/as y de los protocolos de protección de la vida y salud de los mismos y, por otra parte, respecto al presupuesto fiscal denominado “Presupuesto Base Cero Ajustado”, concepto rechazado por esta Confederación.
El tono de la conversación del ministro Ignacio Briones con nuestro presidente fue áspero e irreverente en relación con la mayor Confederación del país, con veladas amenazas respecto de los intereses generales y sectoriales de los trabajadores y trabajadoras del sector público, anunciando que solo se mantendrían los canales formales de encuentro, como la Mesa del Sector Público. Todo esto, debido a la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en conjunto con la ANEF y la FEDEPRUS, en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich Mux, y del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
Manteniendo la coherencia de nuestra posición pública, el presidente nacional de la ANEF rechazó la forma y el contenido del mensaje sobre un corte unilateral e intempestivo de las comunicaciones del gobierno con la ANEF, señalando que se trataba de una verdadera “vendetta” contra nuestra Confederación, además de recordarle que, hasta la fecha, no hay ningún diálogo social resolutivo, solo la imposición gubernamental de Oficios Circulares inconsultos, en materias de extrema gravedad; estableciendo ajustes presupuestarios a los Servicios Públicos que colocan en riesgo las posibilidades del Estado en el desarrollo de las políticas públicas, afectando programas sociales que requieren los/as chilenos, además de exponer a los funcionarios/as públicos/as a un retorno a las funciones presenciales en los peores momentos de la pandemia, arriesgando la vida y la salud de miles de ciudadanos/as con mensajes confusos, erráticos y criminales, que no sólo afectan a los/as trabajadores, también a la población que padece hambre y se muere por el contagio de esta pandemia.
Con fecha 11 julio 2020, se reunió el Directorio nacional ampliado de la ANEF, su máxima representación sindical, repudiando la actitud del ministro de Hacienda y concordó que tiene que centrarse en respetar la relación de contraparte con la Confederación, asumiendo los desafíos que implica un trabajo urgente en el ámbito Sanitario y en materia de Ajuste Fiscal, además de otras materias vinculadas a los procesos de la gestión de los Servicios y los/as funcionarios/as públicos.
La ANEF mantiene la disposición a un diálogo responsable y con propuestas, pero también la firme convicción del deber de movilizarse para defender el rol del Estado, su función estratégica, la defensa de los derechos de los/as funcionarios públicos. También, asumimos un sindicalismo socio político que busca generar y protagonizar las transformaciones necesarias hacia “una sociedad con crecientes niveles de libertad, democracia y justicia social, aportando a la construcción de un Estado de derecho, social y democrático, al servicio de las mayorías del país”.
Son los Tribunales de Justicia que analizarán la querella presentada por la Comisión Chilena de los Derechos Humanos, la ANEF y la FEDEPRUS, no un ministro de Estado, cuyo deber es mantener un canal expedito de comunicación con las organizaciones sindicales y sociales y la ciudadanía en general.
Santiago de Chile, 13 de julio 2020
Crónica Digital
