Así lo manifestaron la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), La Confederación Nacional de la Salud Municipalizada (Confusam), la Federación Nacional de Técnicos de los Servicios de Salud (Fentess) y el Colegio de Enfermeras.
Según el secretario general de la Fenpruss, Patricio Gavilán el problema se gesta en el acuerdo logrado entre la Agrupación de Empleados Fiscales (Anef) y los Ministerios de Hacienda y Trabajo, en donde se le otorgó el mencionado beneficio sólo a los empleados públicos de esta entidad, pese a que las demás organizaciones habían planteado esta demanda hace 4 años. Una situación que a juicio del dirigente es ?discriminatoria? con el resto de los trabajadores de la administración del estado.
Lo único que le estamos pidiendo al gobierno, es que extienda el beneficio del bono de retiro al resto de los trabajadores público, y no sólo se lo otorgue a los socios de la Anef, señaló Gavilán y agregó que es una deuda de los gobiernos de la Concertación dar una solución a los trabajadores que teniendo la edad de jubilar no pueden hacerlo.
El dirigente dijo que en la actualidad el problema del daño prevsional lo viven 156 mil funcionarios públicos, y un gran porcentaje de éstos laboran tanto en los hospitales como en los consultorios, y que la reparación al llamado daño previsonal es una demanda histórica de los gremios.
En el caso de los afiliados a la Anef, el Gobierno compensaría ese daño previsional a través de bonos especiales de retiro que van desde los 10 a los 20 millones de pesos, algo muy lejano a lo que el Gobierno concedió a los profesionales de la salud en su última negociación, bajo el argumento ?que no se podía avanzar en una solución que afectaba a todos los funcionarios del ?Estado?, dijo Gavilán, recalcando que no aceptarán que una solución como la concordada con la Anef se restrinja a una sola de las 14 organizaciones.
No descartan paro
Junto con denunciar lo que calificaron como una práctica antisindical grave, reiteraron su decisión de hacer uso de todas las acciones necesarias para lograr que el Gobierno repare su error.
Entre tales medidas no descartaron la posibilidad de iniciar un conjunto de movilizaciones a contar del mes de marzo.
«La exclusión obliga a nuestras organizaciones a llamar a movilizaciones que podrá concluir en un paro nacional si el gobierno no resuelve esta discriminación a miles de funcionarios públicos», dijo en la ocasión el presidente de la Confusam, Esteban Maturana.
Esto, pues según el dirigente lo logrado por la Anef beneficiará sólo a un 25% de los 300 mil trabajadores que laboran en el aparato del Estado.
Santiago de Chile, 25 de Febrero 2007
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