En una ceremonia efectuada en La Moneda, la mandataria dio a conocer más de 30 medidas en la que se contemplan privilegiar la transparencia, modernizar el Estado y mejorar la calidad de la política, tras firmar un decreto promulgatorio de la Convención de la Naciones Unidas contra la corrupción.
Los anuncios de Bachelet son producto de una serie de denuncias que han implicados en los últimos semanas a funcionarios estatales, parlamentarios y dirigentes vinculados a la coalición de gobierno. Incluso cuatro de ellos están detenidos e imposibilitados de acceder a la libertad, por ser un peligro a la sociedad.
Entre las medidas que tomará el gobierno está la creación de una entidad para la fiscalización paralela al Servicio Electoral, y se prohibirán las donaciones de fondos de campañas por parte de empresas a los candidatos.
En este mismo sentido, la mandataria sostuvo que «El Servicio Electoral mantiene su rol de control y organizador de los actos electorales, pero se crea una unidad especializada en supervigilancia.
Sobre las donaciones de entidades jurídicas a campañas electorales, Bachelet apuntó que las empresas no votan ( ) Son las personas naturales las que votan, y son ellas las que deben tener una preferencia por determinadas opciones para hacer donaciones a los candidatos, en clara alusión a los aportes de privados en la última campaña electoral.
Bachelet, hizo un llamado a los futuros postulantes a cargos de representación popular a no violar las leyes y advirtió que si son sorprendidos podrían perder sus cargos.
«Yo quiero reivindicar aquí la labor política, no dejemos que algunos actos mancillen una actividad noble, una herramienta de cambio que sirve y protege esencialmente a los ciudadanos. Pero necesitamos una buena política, que tenga bien resuelta su relación con la influencia del poder y del dinero y que pueda servir así de vehículo para grandes ideales y proyectos colectivos», señaló la Presidenta.
Por último, anunció que su gobierno fijará un cronograma de llamados a concurso, en las distintas reparticiones públicas como son: Comité de Inversiones Extranjeras, ProChile, Sename, Odepa, Senama, Conace, así como el Servicio Civil, entre otros.
Aunque Bachelet anunció varias medidas, todavía resuenan en Palacio los incidentes internos en los partidos políticos del gobierno a raíz de las denuncias de corrupción y las formas de investigarlas y algunas encuestas que muestran, en general, una afectación de la imagen del gobierno.
Sin embargo, la polémica, que ya ha causado sensibles bajas en las filas del oficialismo que estaría afectando la credibilidad de la propia mandataria, según una reciente encuesta del diario conservador El Mercurio.
De acuerdo con esa pesquisa, más del 60% de los encuestados piensa que la corrupción en Chile esta generalizada, que ha aumentado en los últimos tiempos y que la imagen de Bachelet ha quedado afectada.
El problema de fondo
En el discurso de Bachelet, no queda claro, cual es la raíz de la corrupción que se arrastra desde tiempos de Pinochet y principalmente apuntan al sistema electoral heredado de la Constitución de 1980, como la madre de muchos, si no de todos los males, especialmente de la penetración de «irregularidades» en el manejo de los recursos públicos.
Las fuerzas gubernamentales buscan modificar el sistema, que ha excluido a importantes sectores populares, como el Partido Comunista, entre otros, pero Renovación Nacional advirtió al oficialismo que sino termina con la corrupción, no habrá acuerdo para terminar con el sistema electoral binominal.
Esa determinación de RN, ha puesto a los partidos involucrados, especialmente a la Concertación, en un gran dilema, ya que diciembre debiera ser la fecha límite para llegar a un acuerdo sobre un proyecto común.
El término del binominalismo será tema obligado en el XXIII Congreso del PC, se culmina este fin de semana. En ese contexto la máxima autoridad del comunismo chileno, Guillermo Teillier, acusó que el sistema electoral actual es la base de la corrupción que está hoy día en las primeras planas de los medios de comunicación».
Sobre el tema, los obispos chilenos, interrogados por la prensa local, señalaron: «No podemos acostumbrarnos o justificar formas de corrupción, personal o institucionalizada, que pasan por encima de la ley, aunque sean pequeñas».
Por Rossy Frutos/IGL
Santiago de Chile, 23 de noviembre 2006
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