La acción desarrollada con el apoyo del Colegio de Profesores da cuenta de la grave crisis nacional que afecta a estudiantes, apoderados y docentes, quienes han visto cerrar las puertas de sus establecimientos producto de la mala gestión de los sostenedores.
Hasta ahora sólo la Escuela Alberto Paillao, ubicada en la comuna de La Pintana, ha obtenido respuesta a sus demandas. Sin embargo, aún no se resuelve el pago de las remuneraciones a los docentes que allí trabajan, problemática que se arrastra desde el mes de abril.
De acuerdo a Verónica Chávez, presidenta del Centro de Padres y Apoderados, el conflicto que aqueja a nuestro colegio ha movilizado a toda la comunidad escolar. Pelearemos hasta el final por nuestros derechos, con la esperanza de que las autoridades asuman su responsabilidad y compromiso.
En tanto, para el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, comentó que hace días que solicitamos una audiencia con la Ministra Provoste, quien no contestó a nuestro llamado. Ante esta incertidumbre, decidimos venir al Ministerio a plantear las demandas que menoscaban directamente el derecho a una educación digna y de calidad.
Asimismo, Pavez declaró que escenarios como estos son reflejo del contradictorio desarrollo de la libertad de enseñanza, que posibilita que cualquier privado asuma la administración, sin antes evaluar sus competencias para el cargo.
Si bien un grupo de asesores recibieron al dirigente del Magisterio y a los representantes de los establecimientos afectados, el Ministerio de Educación se comprometió a entregar una respuesta el próximo día viernes.
Las regiones se suman al conflicto
La mala administración de los colegios particular subvencionados es una realidad que no sólo afecta la Región Metropolitana. Las comunas de Quintero, Viña del Mar, Antofagasta, Villa Alemana, entre otras, se han sumado a la larga lista de localidad afectadas.
Entre los más emblemáticos destaca el establecimiento Francisco Coloane, ubicado en la V región y que hace un par de semanas atrás cerro sus puertas. Según Fabiola Andaur, docente del recinto, las irregularidades llegaron a tal punto que la sostenedora recibiendo la subvención no nos cancelaba los sueldos. Es más ella falsificaba las firmas de los profesores para obtener otros bonos extras.
Para Jorge Pavez los docentes, apoderados y estudiantes merecen un trato digno. En este sentido, es el Estado quien debe garantizar una educación digna, porque es un derecho de todos y como tal son las autoridades las que deben velar porque esto se cumpla.
Santiago de Chile,10 de agosto 2006
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