Al exponer ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) el caso de la privatización de este recurso, puntualizaron la necesidad de construir una estrategia nacional de gestión del vital líquido sustentada en el principios de éste como bien público.
Las empresas de agua privatizadas deben regresar a manos de los estados, señalaron los demandantes al reclamar la terminación del contrato con Agua del Illimani (AISA), actualmente en discusión entre esa empresa y las autoridades bolivianas.
El gobierno revocó la concesión a AISA para la explotación del servicio de agua potable y alcantarillado a las ciudades de La Paz y El Alto, pero todavía existe una disputa sobre el monto de una eventual indemnización.
Este permiso vulneró derechos de los sectores más pobres, que representan el 67 por ciento de la población de El Alto; ha sido escasamente transparente y generó muchos impactos ambientales, dijo Carlos Crespo, del Centro de Estudios Superiores Universitarios.
Deploró que la empresa amenace con acudir al arbitraje del Banco Mundial (BM), cuando éste debería estar en el banquillo de los acusados, ya que es socio de Aguas del Illimani, con un 7.5 por ciento de las acciones.
El catedrático recordó que el proceso de privatización del agua en Bolivia se inició a mediados de la década de 1990 y contó desde entonces con financiamiento del BM.
Otro caso expuesto hoy ante el TLA, que inició su primera audiencia aquí el lunes último, fue el de la contaminación de la Bahía de Zihuatanejo, en el occidental estado mexicano de Guerrero, debido a las descargas directas de aguas residuales.
La denuncia provocó un intenso debate entre la Red de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas (ROGAZ) y el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado municipal, Sergio Legorreta.
De acuerdo con los acusadores, los más de 95 mil habitantes de esta bahía viven rodeados por heces, aceite y sedimentos, lo cual provocó que entre los años 2000-2005, poco más de 10 mil personas padecieran amibiasis intestinal, cerca de seis mil ascariasis y cuatro mil 862 conjuntivitis.
El Tribunal Latinoamericano del Agua, una instancia ética, autónoma e independiente de justicia ambiental, examinará aquí los principales conflictos hídricos de la región.
Ciudad de México, 16 de marzo 2006
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