DISCAPACITADOS PIDEN A LA JUSTICIA PROTEGER SU DERECHO AL TRABAJO

Según el escrito busca de la justicia resguardar el derecho al trabajo de los vendedores con discapacidad, que se ha visto “truncado por el contexto histórico de una sociedad que les excluye y un municipio que les persigue”.

La acción patrocinada por la Fundación Nacional de Discapacitados y el abogado Hugo Gutiérrez, Director de la oficina especializada en Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, busca evitar el permanente maltrato y persecución que sufren por parte del municipio desde mediados de los años noventa las personas con discapacidad que trabajan como vendedores ambulantes autorizados en el centro de santiago.

Alejandro Hernández, Presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados y Experto en Discapacidad señala que “en Chile hay más de 2 millones y medio de personas con discapacidad y que 1.625.000 se encuentran en edad de trabajar, pero que sin embargo el 90% se encuentra cesante, un 9% realiza labores informales como vendedores ambulantes y solo el 1% encuentra trabajo con contrato laboral.

A la exclusión que sufren los niños con discapacidad que reciben por caridad lo que les corresponde por derecho (Salud y rehabilitación), se agrega la persecución que se hace en contra de las personas adultas con necesidades especiales que han sorteado múltiples barreras para generar sus propias fuentes de empleo. Con esto se vulnera la Constitución política de Chile, la Carta Fundamental por los Derechos Humanos y la Convención Internacional por los Derechos Humanos de las personas con discapacidad.

Discapacidad y pobreza son dos términos que se potencian y se ven reflejados en la exclusión severa que viven diariamente. Es imposible borrar con «27 horas de amor» el 94% de ausencia de Salud, la Rehabilitación que sufren los niños, jóvenes y adultos con discapacidad en Chile durante los otros 363 días del año.

La situación de exclusión y discriminación de las personas con discapacidad se replica en áreas tan importantes como el Trabajo, Seguridad Social, Salud, Educación y Transporte. Todos Derechos Humanos esenciales que no se pueden vulnerar ni poner en venta en el mercado. Lo que viven los comerciantes ciegos del centro de Santiago es fiel reflejo de políticas públicas ineficientes y leyes insuficientes”, agregó Hernández.

Por su parte el abogado Hugo Gutiérrez, recalcó que “resulta del todo irónico que en medio de una campaña pública tan ruidosa como Teletón, el Alcalde de Santiago persiga a las personas con discapacidad que intentan ganarse la vida honradamente”.

Santiago de Chile, 30 de noviembre 2007
Crónica Digital , 0, 36, 3

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Vie Nov 30 , 2007
Entender la realidad social y proponer soluciones a los problemas que desde cada perspectiva se vea. El dulce y el agraz serán distintos dependiendo de quién los mire, tanto en los contenidos de la materia de que se trata el acuerdo, como del hecho político de su firma. Por eso es que, respecto de los contenidos, que es nuestra materia, se han perfilado opiniones diferentes dependiendo de quiénes las expresan. Por una parte, desde el ámbito de la oposición, se ha enfatizado respecto de las ideas que se inscriben dentro del sello o paradigma de la derecha, como todas aquellas que aumentan las facultades de control y represión, así como por parte de personeros de la Concertación, el logro de la concreción de una propuesta programática, que desde el inicio de la transición estaba incumplida, como es el traspaso de la dependencia de Carabineros y de Investigaciones al Ministerio de Interior, al cual se le agregado en su denominación, una función natural de él en un esquema democrático, cual es la de Seguridad Pública. Más allá del éxito político que este acuerdo representa para el Gobierno, en términos de desentrampar una iniciativa, obstaculizada por una derecha atrincherada en el sistema binominal, lo cierto es que desde una mirada técnico-política, el traspaso de las policías y la mantención de la seguridad pública en la competencia del Ministerio de Interior, es el quiebre mas significativo de la situación existente, pues con ello se reconoce que el ORDEN PÚBLICO y la actividad que lo protege, la SEGURIDAD PÚBLICA, es estrictamente POLÍTICA, y que por lo tanto sus contenidos son discutibles y siempre reflejan, de manera muy importante, las relaciones de poder que toda institucionalidad expresa. Que ella no es neutra ni menos, puramente técnica. Al mismo tiempo es un signo para romper con el resabio de la nefasta doctrina de la seguridad nacional, que justificó y fundamentó el cambio de las policías al Ministerio de Defensa: que había una guerra en la que participaba un enemigo interno. Es de esperar que el dulce de los demócratas termine en estas materias, desplazando al agraz inevitable. Por Mauricio Salinas. Abogado y secretario de la Corporaicón Ciudadanía y Justicia. Academico Instituto Jorge Ahumada. Colaborador de Crónica Digital. Nota: artículo publicado en el diario La Nación. Titulo cambiado por Crónica Digital. Santiago de Chile, 30 de noviembre 2007 Crónica Digital , 0, 76, 3

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