El Secretario de Estado hizo estas declaraciones al inaugurar la primera «Escuela de Formación de Líderes Sindicales», junto a Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
La Defensoría Laboral ha sido planteada por los dirigentes sindicales como un anhelo en el marco de la reforma a la Justicia Laboral. Esta institución cumpliría la función de Defensora de los derechos de los trabajadores en los juicios laborales, de la misma manera en que hoy la Defensoría Penal Pública se opone a los argumentos del Ministerio Público en los juicios criminales.
Andrade además de felicitar a los organizadores de esta Escuela CUT, Fundación Friedrich Ebert y Organización Internacional del Trabajo, OIT- afirmó que el Gobierno apoyará con fuerza la puesta en marcha y funcionamiento del nuevo sistema de justicia laboral. «Los nuevos tribunales laborales son un pilar institucional clave para la consolidación de un sistema de relaciones laborales moderno y equitativo. En este sentido, la Presidenta me ha autorizado para anunciar el interés del Gobierno en la creación de la Defensoría Laboral, que acompañe desde su capacidad de actores letrados a los trabajadores en sus procedimientos judiciales», dijo el Ministro.
Andrade se dirigió a una audiencia de más de 40 dirigentes sindicales de diversos sectores productivos del país, primeros alumnos de esta «experiencia piloto» de escuela sindical, que se replicará de aquí a fin de año en Talca, La Serena y Valparaíso.
Para la implementación efectiva de los defensores laborales, el Ministro del Trabajo dijo: «Pudiera no ser necesario un proyecto de ley, estamos evaluando la pertinencia de aquello. De no ser necesario tanto mejor, porque podríamos hacerlo en forma más rápida. Sin perjuicio de aquello, si fuese menester un proyecto, ya lo he conversado con varios parlamentarios y hay una muy buena disposición para esto».
Al terminar su intervención en la inauguración de esta primera «Escuela de Formación de Líderes Sindicales», el Ministro Andrade dijo que «el Estado debe ceder todo el espacio que sea necesario a la relación bilateral entre empleadores y trabajadores, pero sin renunciar a su rol tutelar, lo que implica, entre otras cosas, un combate vigoroso a las prácticas antisindicales. Esa es una labor a veces incomprendida, pero parte insustituible de nuestro quehacer. Debemos mejorar en consecuencia nuestra capacidad de fiscalizar y nuestra institucionalidad al respecto», expresó
Santiago de Chile, 3 de agosto 2006
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