Alvear, esposa del presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, Gutenberg Martínez, sostuvo que de la eliminación del beneficio de la amnistía a ex represores de la dictadura debe examinarse con cautela. Todo esto cuando todavía está abierta la polémica desatada por el principal partido gobernante en torno a la votación sobre Venezuela en la ONU.
Tras cuatro pronunciamientos del Comité Interamericano de Derechos Humanos sobre casos de violaciones de derechos humanos en Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplicó contra este país una sanción por la aplicación del Decreto Ley 2191 de Amnistía de 1978 a los culpables del asesinato del profesor Luis Almonacid, opositor político al régimen de Pinochet.
Ante el anuncio de Bachelet de presentar un proyecto de ley para hacer cumplir la obligación del Estado sobre la resolución de la CIDH, en la víspera la ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, informó que la iniciativa ya está lista y sería presentada al Congreso posiblemente la próxima semana tras el regreso de la Mandataria de su visita a Alemania.
Marcando clara distancia de La Moneda, Alvear insistió en la necesidad de tomar en cuenta todos los puntos de vista que existen al interior de la coalición de gobierno (la Concertación) en torno al asunto. En tanto, el Partido Socialista planteo su irrestricto apoyo al proyecto del Ejecutivo a diferencia del condicionamiento de la DC sobre el tema.
El Presidente del Partido Socialista, Senador Camilo Escalona, reiteró en Puerto Montt que existen todas las condiciones para «llevar adelante una iniciativa que permita anular los efectos de la Ley de Amnistía del año 78», agregando que el citado instrumento jurídico es «un obstáculo decisivo en la investigación respecto a la situación de los detenidos desaparecidos».
«Si bien es cierto, diferentes tribunales, jueces y cortes han empezado a aplicar una jurisprudencia que estima que no es aplicable la Ley de Amnistía para estos procesos, y valorando nosotros que en muchos casos que la ley no se aplique mientras no se encuentre la verdad, y mientras sea posible buscar el destino de los detenidos desaparecidos -lo que se establece en la figura jurídica conocida como secuestro-, independientemente de aquello también es cierto que diferentes magistrados aplican la Ley de Amnistía», sostuvo.
El parlamentario socialista por la Décima Región Sur dijo que es la misma voluntad la que existe en la Concertación, donde no ve «conflicto alguno. Este tema, de luchar por verdad y justicia, es de la esencia de la Concertación, es del alma concertacionista, de manera que tengo la seguridad que estaremos todos juntos, sin ningún tipo de reparos o de inconvenientes en este tema tan decisivo, del punto de vista de construir una memoria histórica sana, y de afirmar el valor de la justicia en nuestro país»,
concluyó Camilo Escalona.
Por su parte, el presidente del Partido Por la Democracia (PPD) Sergio Bitar salió en apoyo de su colega DC, lo que amenaza con seguir postergando el reclamo de sectores progresistas y de organismos de derechos humanos dentro y fuera del país contra esta Ley.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, tras una reunión que sostuvo con Veloso, dijo que la nulidad del Decreto Ley N° 2191 de Amnistía «es la única salida para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado de Chile dejar sin efecto dicha disposición».
Asimismo, la dirigente demandó al gobierno de Michelle Bachelet que analice qué esta sucediendo en el plano jurídico ya que todavía existen ministros de corte que aplican la Ley de Amnistía o la prescripción contraviniendo las normas internacionales.
Pizarro recalcó que esperan que el gobierno enfrente el tema de la amnistía a través de mecanismos que permitan anular los efectos jurídicos del decreto ley y, finalizó llamando a la derecha a estar disponible para aprobar el proyecto de ley.
«DICIDENTES» PIDEN A BACHELET ESCUCHAR A LA CONCERTACIÓN
Aun cuando la DC y el PPD valoran la urgencia que el gobierno quiere dar a la iniciativa los «disidentes» insisten en la necesidad de seguir escuchando a los partidos de la coalición.
Dando por sentado que no apoyará la propuesta del gobierno, Alvear señaló que la Concertación entregará una propuesta formal, una vez concluido el trabajo de la comisión de expertos que encabeza el presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez.
La Ley de Amnistía fue promulgada por Augusto Pinochet en 1978 a fin de proteger a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones masivas a los derechos humanos después del sangriento golpe de 1973 contra el presidente Salvador Allende.
«En este tipo de asuntos se debe actuar con responsabilidad para no crear falsas expectativas entre los familiares sobre los efectos de una modificación legal», dijo Alvear.
La senadora y ex canciller, quien aspira a la presidencia de Chile en los comicios de 2009, ha adoptado una actitud confrontacional con Bachelet desde que fracasó en lograr la nominación de la coalición gobernante para los pasados comicios.
Su estrategia como presidenta de la DC busca alejarse de las posiciones más a la izquierda del resto de los partidos de la coalición, encabezados por la propia Bachelet, para tratar de frenar la caída electoral que ha sufrido esa agrupación en los últimos años.
Santiago de Chile, 20 de octubre 2006
Crónica Digital/PL
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