Hernández, señaló que el ejecutivo debe retirar las fuerzas policiales que «ocupan» las comunidades, especialmente en la comuna de Ercilla, en la Novena Región y abrir una investigación sobre las actuaciones del Ministerio Público en los juicios en contra de los indígenas.
Sorprende la parcialidad del ministerio Público en su actuar frente a los casos de los más de 400 líderes mapuches procesados, situación que llama la atención de los más prestigiadas organizaciones internacionales de derechos humanos», alertó el dirigente comunista.
Hernández, quien ha mantenido los contactos con los ministerios del Interior y Justicia, para encontrar una solución a la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, dijo que» existen denuncias serias de irregularidades por parte del ministerio Público, y que las acusaciones han sido respaldadas por la Iglesia, diputados, alcaldes y aún informes de organizaciones internacionales.
Sostuvo que a un Gobierno democrático, como el actual, le caben varias obligaciones, La primera y más urgente, es evitar que los atropellos denunciados se sigan produciendo, y que el Estado retire en forma inmediata las fuerzas policiales que mantienen «ocupadas» las comunidades mapuche, especialmente en Ercilla, dónde además en los últimos días se han producido violentos allanamientos en la comunidad de Temucuicui y arbitraria detención de personas, contando como prueba con la sola presunción de un particular, que parece valer más que la palabra y testimonio de cientos de mapuches».
Para el dirigente, una segunda medida indispensable, es que «con el objeto de fortalecer el Estado de derecho y reestablecer la confianza regional, nacional e internacional en el funcionamiento de la justicia en la Novena Región, se propicie una profunda investigación de las actuaciones del Ministerio Público en los juicios contra mapuches,
No puede quedar en la impunidad las irregularidades denunciadas, ya que pone en cuestión la eficiencia de la Reforma Procesal Penal, en tanto permite que abusos como los producidos sean posibles y considerando la gravedad de las denuncias y el peso de las pruebas que incluyen un documento del propio Ministerio Público donde se acredita el pago de 20 millones a los testigos que inculparon a los mapuches condenados, denunció.
Santiago de Chile, 16 de mayo 2006
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