PROTESTAN EN PARAGUAY CONTRA PRÁCTICAS DE TERRORISMO DE ESTADO

La manifestación es organizada por la Coordinadora Nacional por la Soberanía y Lucha contra prácticas de Terrorismo de Estado, frente conformado por más de una veintena de partidos e instituciones populares y humanitarias de la nación suramericana.

Según un comunicado del referido bloque, la impunidad prevaleciente en Paraguay se hizo visible al otorgársele la libertad provisional a los dueños del supermercado Ycuá Bolaños, procesados por la tragedia del 1 de agosto del 2004.

Ese día más de 400 paraguayos perdieron la vida al quedar atrapados en un incendio en la mencionada instalación comercial luego que sus propietarios, según la acusación fiscal, cerraran las puertas del local con los clientes dentro a pesar del fuego.

El texto de la Coordinadora denunció asimismo el reciente indulto al ex general Lino Oviedo, quien cumplía una condena de 10 años tras haber sido acusado de intento de golpe de Estado contra el gobierno de Juan Carlos Wasmosy en 1996.

De igual modo fue criticado el sobreseimiento de más de 20 personas involucradas a la masacre de jóvenes del denominado Marzo Paraguayo, en 1999, hecho por el que también fue juzgado Oviedo.

La convocatoria para el acto de este viernes, instó a llevar de una vez por todas a los tribunales a los responsables de los más de 500 desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner.

Criticó además el Código Penal vigente por considerar que privilegia a unos pocos y criminaliza las luchas sociales.

Asunción, 19 de octubre 2007
Prensa Latina , 0, 47, 11

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TERRORISMO Y JUICIOS CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE

Sáb Oct 20 , 2007
Estas son planteadas en un escenario de lucha desequilibrado en que las víctimas se encuentran desprevenidas y sufren las consecuencias de actos que, las más de las veces, resultan impunes o son amparados por gobiernos proclives a tal actividad, constituyendo una agresión a los derechos fundamentales de los seres humanos, condenable sin excepciones. Es frecuente calificar de conducta o de acto terrorista a manifestaciones reivindicatorias y de protesta o demanda social en defensa de derechos de minorías en el mundo, provocando una reacción contra los DD HH en nombre de la «guerra contra el terror», dando nueva vida a la represión, proporcionando a los gobiernos una cortina de humo eficaz de la que se han servido para autorizar detenciones arbitrarias, torturas, juicios injustos, represión de la disidencia política y persecuciones étnicas, a sabiendas de que cualquier crítica internacional resulta débil. La calificación de «terrorista» de un acto, persona u organización, suele variar en razón de la mayor o menor adhesión que se tenga por la causa que lo inspira y ha sido utilizada por gobiernos dictatoriales para estimar los actos fundados en el «derecho a la resistencia» con el fin de justificar el empleo de métodos de represión ilegítimos. En Chile se ha anotado como «asociación ilícita terrorista» la conducta reivindicatoria del pueblo mapuche, en acusación contra la «Coordinadora Arauco-Malleco» invocando la Ley 18.314 de 1984, impuesta por la dictadura que sólo puede ser invocada por el Estado y que ha originado cuatro juicios desde el reinicio de las movilizaciones a fines de los ’90. La lucha social y los reclamos han motivado enjuiciar a personeros mapuche en el marco de delitos contra intereses de los ocupantes de tierras en la Araucanía, calificados a petición del Ministerio Público como «conductas terroristas» con penalidad sensiblemente aumentada, sin derecho a beneficios carcelarios de ninguna naturaleza. El Estado y el sistema judicial vigente no han tomado en cuenta las normas internacionales de protección, incluyendo el debido proceso de los imputados indígenas por motivo de actividades de protesta social derivada de conflictos ancestrales y la pobreza. No se ha otorgado debida protección a las personas durante y en situaciones posteriores a hechos violentos, ni en la defensa de quienes se ven obligadas a desplazarse; en la superación de inseguridades económicas; en la garantía de la disponibilidad y accesibilidad de la atención médica esencial; en la lucha contra el analfabetismo y contra la miseria educativa; o en la eliminación de la intolerancia en las escuelas. Cuando se trata de indígenas, no se respetan los derechos básicos a la justicia y los procesos presentan irregularidades en cuanto a principios fundamentales: defensa adecuada; testigos detrás de una cortina; ausencia de resarcimiento por errores judiciales; falta de amonestación a jueces que cometieron reconocidos errores; abusos de poder; malos tratos; condiciones vejatorias de detención; y, el hecho tan reiterado en los medios, que acusan, sugieren la condena y editorializan sobre la «necesidad de una pena ejemplar», haciendo tabla rasa del principio de inocencia. Por Leonardo Aravena Arredondo, profesor de […]

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