El ex oficial, designado el miércoles por la mandataria electa para ocupar el cargo en su próximo gobierno, fue un estrecho colaborador del general Alberto Bachelet cuando este trabajaba en la Secretaría Nacional de Distribución durante el gobierno del presidente Salvador Allende.
Ambos fueron detenidos pocos días después del golpe y acusados de traición a la patria. Bachelet, sometido a brutales torturas, murió de un paro cardíaco el 12 de marzo de 1974 en la celda que compartió por más de seis meses con Vergara.
La Unión Demócrata Independiente (UDI), partido que sirvió de sustento político al régimen militar, expresó su rechazo a su elección, alegando que éste suscribió una declaración pidiendo al gobierno argentino asilo para Galvarino Apablaza.
Apablaza, un ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue acusado en Chile de ser el autor del atentado que provocó la muerte del líder y fundador de la UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards, hijo del dueño del diario conservador El Mercurio.
A instancia de la policía de investigaciones chilena, fue detenido el pasado año en Buenos Aires, donde vivía con un nombre falso y pedido en extradición a las autoridades del vecino país.
El hecho generó una fuerte movilización internacional reclamando al gobierno argentino que negara la extradición y concediera refugio político al dirigente izquierdista, a la cual se abría sumado Vergara, según afirma la UDI.
La defensa de Apablaza basó la solicitud de refugio en Argentina al hostigamiento y persecución que sufrió durante la dictadura militar y los primeros años del gobierno de la Concertación, cuando el aparato represivo del régimen se mantenía aún intacto.
«Las afirmaciones suscritas por el designado Subsecretario de Aviación constituyen una afrenta al Poder Judicial Chileno y a las autoridades de nuestro país e implican la negación de la existencia del Estado de Derecho en Chile», afirmó la colectividad.
Se trata del primer cuestionamiento frontal que realiza la oposición de extrema derecha a alguna de las figuras que formarán parte del gobierno de Bachelet.
La designación de Vergara fue vista como una reivindicación histórica que hizo la Presidenta Electa a los oficiales de la Fuerza Aérea chilena que -al igual que su padre- fueron dados de baja, detenidos y torturados por miembros de esa institución castrense.
La decisión fue muy bien acogida en amplios sectores de la opinión pública chilena y aún por el alto mando de la FACh, que dijo que no tendría dificultades para colaborar con el nuevo subsecretario de Estado.
Vergara tenía 29 años y era capitán de aviación cuando fue detenido y torturado por sus ex compañeros de armas. En 1976 fue liberado de la cárcel pública donde cumplía prisión y expulsado del país. Vivió en el exilio hasta que pudo regresar en 1990.
Santiago de Chile, 3 de marzo 2006
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