La acción legal, presentada en nombre de 603 ex presos políticos de todo el país, será tramitada por el 14 Juzgado Civil de Santiago.
El abogado Víctor Rosas señaló que los demandantes van a insistir vía judicial para que el Estado reconozca los graves daños que sufrieron las víctimas de la dictadura y sus familiares más cercanos.
Según la agrupación, no se han respetado los derechos ni las garantías legítimas de quienes vivieron tortura y atropellos de distinta naturaleza durante el régimen del ex dictador Augusto Pinochet.
Indicaron además que la ley que nació luego del trabajo realizado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura no les convence y sólo entrega una pensión miserable.
La también denominada Comisión Valech, que concluyó su trabajo el pasado año, confirmó que al menos 27 mil chilenos sufrieron de arrestos y apremios físicos durante los 17 años de dictadura militar, aunque los que se presentaron a testificar sobrepasan los 35 mil.
De esa cifra, unos tres mil eran menores que fueron conducidos a los centros y de detención y tortura junto a sus padres.
El gobierno de presidente Ricardo Lagos aprobó un «reconocimiento» formal del Estado chileno y una pensión simbólica para las victimas, pero prohibió que los antecedentes aportados pudieran ser utilizados en los tribunales de justicia para condenar a los represores.
Santiago de Chile, 9 de marzo 2006
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