Apelando a argucias jurídicas, la primera busca alejar al juez Sergio Muñoz del proceso, mientras la segunda pide que se levante el embargo de los bienes del ex gobernante dictado por el magistrado el pasado 10 de diciembre.
En los alegatos escuchados el lunes, el abogado de la defensa Pablo Rodríguez argumentó que su cliente no ha tenido «un debido proceso» ya que Muñoz había emitido opinión en el fallo que desaforó a Pinochet en la Corte de Apelaciones de Santiago por el asesinato del general Prats.
Otro de los abogados de Pinochet, Fernando Rabat, dijo que el ex dictador no puede acceder ni a su dinero ni a sus bienes y se encuentra en una verdadera encrucijada pues al mismo tiempo debe responder al juicio tributario iniciado por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Aseguró además que su cliente había colaborado en el proceso y en ningún caso había intentado ocultar sus bienes de la acción de la justicia.
Por su parte, la jurista María Teresa Muñoz acusó a Pinochet en nombre del Consejo de Defensa del Estado de usar las mismas fórmulas que los traficantes internacionales de drogas para ocultar el origen de más de 16 millones de dólares descubiertos en sus cuentas secretas.
Dijo que la decisión de embargar sus bienes responde a la necesidad de mantener bajo vigilancia del tribunal los bienes del imputado ante el peligro de que desaparezcan, para que así pueda enfrentar las responsabilidades pecuniarias de un juicio.
Con respecto a las técnicas para lavar dinero, la abogada del CDE explicó que la fórmula consiste en crear varias cuentas y comenzar a triangular los fondos camuflar su origen y evitar que tengan ese tinte ilícito o desconocido.
En su intervención, la abogada entregó detalles que desmienten el mal estado mental del octogenario ex militar, otra de las argucias de la defensa para evitar el enjuiciamiento.
Muñoz reveló que Pinochet tiene una rutina habitual que consiste en leer cuatro periódicos diariamente y tiene dos secretarias a quienes les da órdenes, hace trámites, va al banco y compra libros, entre otras actividades.
La decisión del tribunal tendrá lugar a sólo unos días de que el pleno de la Corte Suprema rechazara el desafuero del ex dictador para que pudiera ser juzgado por el asesinato en 1974 del ex jefe del Ejército, Carlos Prats.
La resolución fue considerada un gran retroceso en la favorable evolución que habían tenido las causas de los derechos humanos en Chile.
Otro hecho negativo es el anuncio del pase a retiro del juez Juan Guzmán, el primero que procesó a Pinochet (1988) por su participación en la Caravana de la Muerte, y luego por Operación Cóndor, dos de los más emblemáticos casos de derechos humanos en el país.
Ambos procesos, ya en su etapa final, deberán pasar ahora a otros jueces.
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