La medida legal fue interpuesta el miércoles 7 ante el 11° Juzgado de Garantía y busca aclarar las circunstancias de la muerte de Salazar Orellana (40 años) ocurrida el 27 de noviembre recién pasado al caer desde un vehículo en marcha del comando del candidato a diputado por San Miguel, Julio Ibarra, y azotar su cabeza contra el pavimento.
La Corporación de Derechos Ciudadanos hizo hincapié en la necesidad de que los derechos laborales de los brigadistas se cumplan a fin de brindar también la seguridad necesaria para el desarrollo de sus labores y evitar así hechos como los ocurridos con Patricio Salazar.
«Lo que debiese haber acá son condiciones laborales mínimas. Si es que hay una persona que trabaja como brigadista en el comando de A, B o C candidato, sea del color político que sea, sea de la coalición política que sea, debe tener contrato laboral porque si no se está infringiendo leyes laborales de fondo y se está además infringiendo normas que son de derecho ciudadano completo», manifestó el director ejecutivo de la Corporación, Arturo Barrios.
Por su parte, el candidato a diputado por San Miguel, Julio Ibarra, manifestó su molestia por la medida legal interrumpiendo la conferencia de prensa para acusar a Barrios de «aprovechamiento político».
Barrios, rechazó tajantemente las acusaciones. «Lo que hemos percibido durante esta campaña y otras, es que los brigadistas no tienen contrato, que los brigadistas no tienen salario estable, que los brigadistas tienen una serie de irregularidades laborales, y eso no es un aprovechamiento político», aseguró.
Santiago de Chile, 9 de diciembre 2005
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