. La justicia resolvió que se investigaran los batallones 13 y 14 de Infantería, en respuesta a una solicitud del Ejecutivo para comprobar, según testimonios, la existencia de enterramientos de torturados y asesinados en centros clandestinos de detención.
Investigaciones periodísticas y de familiares de los detenidos-desaparecidos indican la posibilidad de encontrar en esos terrenos los restos de la maestra uruguaya Elena Quinteros, así como de María Claudia Irureta, nuera del poeta argentino, Juan Gelman, desaparecidas en la década de los 70, del pasado siglo.
De acuerdo con las pesquisas realizadas por la oficialista Comisión para la Paz (2000-2004), en esas unidades militares fueron asesinados, mediante crueles sometimientos físicos y torturas, al menos nueve perseguidos políticos.
Algunos ex uniformados, que pidieron el anonimato, confirmaron ante la Comisión para la Paz el enterramiento de víctimas y también el traslado posterior de varias de ellas, en una operación denominada «zanahoria», a la caída del régimen.
Al asumir como presidente, el pasado 1 de marzo, el mandatario Vázquez reafirmó su disposición de apoyar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y ubicar los restos de los asesinados, para que su pueblo y seres queridos puedan rendirle tributo.
Una ley de caducidad aprobada en un plebiscito de 1988 eximió de responsabilidad a los militares y civiles acusados de violación de derechos humanos, y muchos de ellos recorren hoy con entera libertad las calles en esta nación sudamericana.
Sin embargo, un grupo de éstos, en su mayoría retirados, enfrentan juicios en ausencia y reclamos de extradición en Argentina, acusados de secuestros y asesinatos como parte del represivo Plan Cóndor que ejecutaron las dictaduras del Cono Sur entre 1973 y 1985.
Otras aristas del tema de los derechos humanos tienen que ver, según la proyección del nuevo gobierno uruguayo, con la atención y solución a corto y mediano plazos de múltiples problemas sociales como la creciente pobreza e indigencia que afectan a más de la mitad de la población.
El nuevo Ministro del Interior, José Díaz, expresó también su preocupación por la falta de elementos para atender una población carcelaria que, hasta ahora, en lugar de recuperarse para su inserción en la sociedad, sale con mayor preparación para delinquir.
Muchos de los presos duermen sobre colchonetas en el suelo y tratan de subsistir en un nivel terrible de hacinamiento, que no se permite recoger en imágenes.
Sobre el accionar internacional «independiente» que asumirá su país en lo adelante, el canciller, Reynaldo Gargano, aseguró recientemente que Uruguay ya no será una nación que actúe al servicio de la política exterior de Estados Unidos.
En Ginebra, la subsecretaria de Exteriores, Belela Herrera, explicó a los representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que su país ya no es el mismo y que no tomará injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
El gobierno encabezado por Vázquez se enfrenta a duros retos por el tema derechos humanos en el ámbito nacional, pero según los analistas, cuenta con un clima favorable y la comprensión de la mayoría de los uruguayos de que no pueden haber soluciones mágicas en dos días, aunque hoy hay gente que no come.
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