Agregó que «siempre hemos señalado y lo reiteramos, que el sistema isapres tiene espaldas financieras para competir y puede hacer un mejor esfuerzo, pero el veredicto final de si esa alza es alta, moderada o baja, no la va a dar la autoridad, sino la ciudadanía», precisó.
La nueva ley de isapres que entró en aplicación modifica sólo la variable precio y eliminó en su artículo 38 la posibilidad que tenían las instituciones de salud provisional de modificar unilateralmente precio y beneficios del plan de salud. «Esto es muy importante indicó, porque si hubiesen mantenido dicha facultad esta comparabilidad, transparencia y competitividad que buscamos con esta norma, habría sido imposible.»
Argumentó que esta modificación está limitada por una banda que se extiende sobre 1,3 veces el promedio o bajo 0,7 veces el promedio. Así por ejemplo, si una isapre anuncia un promedio del 2.5%, eso quiere decir que el reajuste debe estar dentro del 3,3 hasta el límite de 1,8. En el caso que el ajuste sea inferior al 2% de la banda, la isapre tiene la facultad de reducirla a cero. Eso explica, dijo, que hoy una isapre haya anunciado que el 60% de los planes de su cartera (144.000 cotizantes) van a tener un ajuste cero, no obstante tener un promedio de 2.3.
El Superintendente distinguió que en esta banda de precios hay tres grupos de instituciones y llamó a las personas a mirar la situación particular de cada una de ellas: seis, que no alzan sus planes, cinco que alzándolos ya han anunciado que algunos no se van a ajustar y cuatro que modifican todos los planes.
La autoridad fiscalizadora insistió que por primera vez en 25 años se ha logrado introducir transparencia y competitividad al sistema isapre, gracias al esfuerzo que han hecho los Gobiernos de la Concertación.
«Por primera vez tenemos todos los precios de todo el sistema mediante este mecanismo, lo que nos convierte en personas capaces de dilucidar, de comparar precios entre una y otra isapre y de ejercer la facultad de elegir».
Por tanto, indicó, que la recomendación para la gente es que ejerza este poder, explicando que de aquí al 30 de abril comenzarán a despacharse las primeras cartas en las que se informa el ajuste o no de su plan de salud. Los beneficiarios disponen de 90 días para decidir si desean mantener ese plan de salud en esa isapre, cambiarse a otro plan de salud de la misma isapre, a otra isapre o al sistema público.
El Superintendente Inostroza dijo que «con esta modalidad terminan las alzas abusivas o excesivas de precios a los planes de salud y se introduce un elemento de mayor solidaridad en el financiamiento. Antiguamente, se daban a conocer los ajustes de precio base del orden del 50, del 80 y hasta 100 por ciento.»
Otra cualidad del mecanismo, es que es fácil de fiscalizar. «Hoy tenemos la base de datos de todos los planes de salud, por lo tanto podemos fiscalizar de oficio, pero también pedimos en esta función la contribución de los afiliados. Si algún beneficiario le realizan un ajuste superior al alza máxima garantizada por ley, necesitamos que esa denuncia se haga porque la ley nos faculta para multar entre 8 y 68 millones de pesos si por cualquier y único caso, la isapre no cumple con la legislación».
Como el poder lo tiene la gente, declaró, la recomendación es vitrinear, mirar alternativas, reclamar si estas alzas límites no se cumplen y verificar si su isapre tiene bien acreditado su domicilio.
Respecto del impacto que tendrá la nueva banda de precios será evaluado por la Superintendencia de Salud. «Si el alza es muy alta, consideró, vamos a ver nuevamente una migración de los afiliados entre las isapres con ajustes más bajos y las que modificaron todos sus planes o entre isapres y el sistema público. Si el alza es moderada vamos a tener un estancamiento y por lo tanto el sistema no va a decrecer, ni crecer y a lo más, vamos a ver un movimiento entre ellas. Y finalmente, si los afiliados consideran que el alza es bajísima versus los beneficios que entrega y ha habido un esfuerzo, vamos a ver en los próximos seis meses un crecimiento significativo del sistema privado. En este asunto, más que la autoridad, son los ciudadanos los que tienen la palabra», reiteró.
Santiago de Chile,de abril 2006
Crónica Digital , 0, 74, 3
