Al mismo tiempo se habría regisgtrado una pequeña disminución en la crónica desigualdad, ya que e l índice Gini bajó del 0,57 al 0,54.
A estas alturas encontrar un pobre en Chile debería ser como buscar una aguja en un pajar. De cada cien chilenos 87 deberían, según las estadísticas, poder disfrutar de una vida diga. En los libros de cuentas oficiales nos hemos convertido en un país con una inmensa clase media, que teóricamente goza del bienestar y el desarrollo.
Sin embargo, si sacamos la cabeza por la ventana nos vamos a dar cuenta de las condiciones de vida de la mayoría: vivir con 48 mil pesos mensuales, uno más que lo que se requiere para dejar de ser «estadísticamente» pobre, no significa mucho. Poder pasar el día con mil quinientos pesos, menos de tres dólares, no es un dato para celebrar.
Ya nadie lo puede negar: crecimiento y empleo no garantizan, por si solos, la superación de la pobreza. Recordemos que más del 40% de la población vivía en la pobreza en 1989, en años de alto crecimiento económico, pero que no incidía para nada en las condiciones de vida de la gente. Por otro lado, estudios de la U. de Chile han mostrado que más de un 50% de las personas bajo la líneas de la pobreza en 2003 tenían trabajo. El problema radicaba en la calidad y dignidad de ese empleo. Por esto hoy se puede afirmar que las políticas públicas son la clave en este proceso. A los que dicen lo contrario no les queda más que repetir sus viejos prejuicios ideológicos.
Es cierto que la pobreza ha disminuido en cantidad e intensidad, y ya no conocemos en Chile la miseria que acostumbramos ver en otras épocas. Pero tampoco podemos auto-engañarnos, es necesario actualizar la línea de la pobreza, que tiene su origen en la canasta de satisfacción de necesidades básicas de hace veinte años (1987). Desde esa fecha los patrones de consumo en nuestra sociedad han variado notablemente, pero los indicadores de la encusta CASEN han permanecido inalterables, por lo que se hace necesario una nueva fotografía de nuestra realidad.
Un desafío más difícil es poder revertir de forma profunda la desigualdad endémica de Chile. Esta será una meta inalcanzable si no establecemos un debate nacional sobre criterios de justicia tributaria. La actual política impositiva es perversa, ya que la vida para los pobres es más cara, por donde se la mire. El 75% de los ingresos tributarios del estado chileno proviene de impuestos indirectos, o sea aquellos que cancela el conjunto de la población. Entre estos impuestos está el IVA y que representa el 40 por ciento de todo lo recaudado. Debido a este esquema Chile se convierte en el reino de «Hood Robin», ya que el 10% más rico de la población sólo tributa un 11,8% de sus ingresos, mientras el 10% más pobre paga el 14,4% de los suyos en impuestos.
Se ha argumentado que la actual administración nunca planteó en su programa el objetivo de implementar de una reforma tributaria. Es un argumento endeble y creo que no justifica que durante el gobierno de Michelle Bachelet no se aborde este problema. Sin embargo, la responsabilidad recae entonces en los partidos políticos, que deberían plantear una respuesta a esta situación escandalosa cuando planteen sus nuevos programas de gobierno.
Es de sentido común que ninguna candidatura presidencial podría tener la desfachatez de evadir este drama. Como ciudadanos no deberíamos permitir que en 2008 y 2009 se evada la discusión sobre el establecimiento de un impuesto a la renta, de personas y empresas, más progresivo. En un reciente artículo de opinión el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre sintetizó esta realidad: «Si se miran las estadísticas internacionales seriamente, no hay un país en el mundo con nuestro nivel de desarrollo o superior que tenga una carga tributaria más baja. Tampoco encontrarán un país que tenga nuestro nivel de desarrollo y que sea más desigual. La relación entre desigualdad y carga tributaria es evidente, están ligadas total y completamente: no hay un país que haya logrado una mejor distribución del ingreso con una menor carga tributaria».
Sin duda una medida de esta naturaleza sería conflictiva, pero es inevitable si comparamos los niveles tributarios de Chile con los de países que poseen mayor equidad interna. Sabemos que existen fuertes intereses en contra de generar criterios de justicia en el campo de los impuestos, que están frecuentemente anclados en posiciones antiestatistas e individualistas. Para vencerlos se requiere un nuevo acuerdo político nacional, amplio y generoso, que supere las alianzas que nos permitieron volver a la democracia en 1990. Sin desandar el camino, y sin desmerecer lo avanzado, los desafíos del futuro exigen articulaciones políticas y sociales mucho mayores, que permitan volver a tejer los vínculos cortados entre la sociedad civil y los partidos políticos, bajo objetivos de largo plazo.
Por Alvaro Ramis. El autor es Teólogo. Centro Diego de Medellín. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago de chile, 21 de junio 2007
Crónica Digital , 0, 185, 3
