Es la 15ava ocasión que se vota sobre el tema del bloqueo de Cuba y cada vez son más los países que piden abrumadoramente à los Estados Unidos ponga fin a esta práctica abusiva e unilateral, que no respeta el derecho internacional. Estados Unidos sólo cuenta con el respaldo de Israel y de una pequeña isla del Pacífico.
Lo novedoso en esta ocasión fue que el mismo Secretario General de la ONU invitó por medio de una nota redactada el 5 de mayo de 2006, a los diversos gobiernos del planeta pero también a los diversos organismos e instituciones internacionales de la ONU (Organización Mundial del Trabajo, de Salud, Programa Alimentario Mundial, etc.) a que le comuniquen toda la información que juzgarán útil para la preparación de su informe en este asunto. De esta manera se pudo reunir abundante información y sobre todo recoger las opiniones de la mayoría de países que forman parte de la ONU y en donde se puede apreciar claramente, que prácticamente todos los países [a excepción de Israel] condenan el comportamiento estadounidense frente a un pequeño país como Cuba.
Interrogado en la ciudad de Ginebra [Suiza] el embajador cubano ante la ONU, Sr. Juan Antonio Fernández, declaró a la agencia IPI que: el criminal embargo norteamericano contra Cuba ha afectado ya a tres generaciones de ciudadanos en la isla y generado pérdidas económicas por 86,000 millones de dólares. [Reproducimos más abajo su discurso ante la Organización Mundial de Comercio].
Efectivamente la mayoría de estados miembros de la ONU ven muy mal como Estados Unidos se puede otorgar unilateralmente poderes extraterritoriales que son de un hecho una violación del derecho internacional y sobre todo no respetar las órdenes y principios de la carta de Naciones Unidas.
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Declaración del embajador de cuba, Excmo. Sr. Juan Antonio Fernández sobre la sección 211 ante el órgano de solución de diferencias de la OMC, el 26 de octubre de 2006
Señor Presidente:
Después de más de 4 años, durante los cuales este Órgano ha examinado mes tras mes el cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones adoptadas en relación a este diferendo, es bochornoso que los Estados Unidos de América sigan presentando Informes de Situación como el que acabamos de escuchar, donde no se avizora ni un mínimo de posibilidad de que el infractor adopte una solución.
Las reiteradas denuncias por la falta de cumplimiento, exhortaciones y preocupaciones sistémicas expresadas por los Miembros son ignoradas por los Estados Unidos de América, mostrando un absoluto desprecio por los intereses de los Miembros.
En la pasada reunión, las Comunidades Europeas denunciaron la evidente politización de la decisión recientemente adoptada por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América de denegar la solicitud de renovación del registro de la marca «HAVANA CLUB», interesada por su titular, la empresa cubana CUBAEXPORT.
Tal entidad administrativa actuó en virtud de una indicación que recibiera de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, la cual había rechazado la solicitud de licencia que le formuló CUBAEXPORT para renovar el registro de la marca HAVANA CLUB, alegando que el otorgamiento de dicha licencia era inconsistente con la política del gobierno de los Estados Unidos de América. Con este actuar, una vez más las decisiones adoptadas por instituciones y agencias estatales estadounidenses, resultan contrarias con la legislación de su país y los acuerdos internacionales de que es parte ese gobierno.
Detrás de esta decisión no sólo hay intereses políticos, sino otros todavía más mezquinos: los intereses de la compañía Bacardí de apropiarse de la prestigiosa e internacionalmente reconocida marca HAVANA CLUB y tratar de eliminar a sus competidores de forma deshonesta e inescrupulosa. Con este fin no ha escatimado esfuerzos, ni dinero.
Esta compañía ha gastado grandes sumas de dinero haciendo lobby y ofreciendo generosas donaciones al Partido Republicano, entre éstas al actual Senador Mel Martínez, quien ha sido acusado por un grupo de vigilancia contra la corrupción en Washington (CREW por sus siglas en inglés), de haber aceptado fondos de la Bacardí por más de 60 mil dólares.
Así fue como esta compañía ronera consiguió, en octubre de 1998, que el Congreso de los Estados Unidos de América aprobara la inserción de una cláusula en la Ley del Presupuesto de ese país: la Sección 211, conocida también como Ley Bacardí, disposición que ha sido declarada incompatible con las normas de la Organización Mundial de Comercio(OMC). También fue así como logró que la Oficina de Patentes y Marcas denegara la solicitud de renovación de la marca HABANA CLUB a su legítimo propietario, para luego poder anunciar, como lo hizo el pasado 8 de agosto, que volvería a poner en el mercado de los Estados Unidos de América dicha marca.
Es lamentable presenciar cómo el gobierno de los Estados Unidos de América es capaz de beneficiar un interés particular poniendo en riesgo los de cientos de empresarios estadounidenses poseedores de marcas comerciales registradas en Cuba.
La Sección 211 puede constituir un precedente para que otros gobiernos promulguen legislaciones inspiradas en la misma, violando el Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPIC y otras normas internacionales en la materia, apartándose de la doctrina clásica en que se han sustentado estos acuerdos. Consecuentemente, ello daría lugar a la anulación o menoscabo de los derechos legítimos de los Miembros afectados.
Señor Presidente, entre los proyectos que se han presentado en el Senado y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, existe un proyecto bipartidista endosado por varios senadores que invalidaría la Sección 211 y que refleja, además, el sentir del empresariado estadounidense que considera una enorme herejía el no respetar el derecho de marcas.
Cuba reitera su llamado a que se adopte, antes que sea demasiado tarde, una pronta y efectiva acción para hacer valer la letra de los Acuerdos de la OMC y reconoce como única solución posible la derogación de la Sección 211; al tiempo que se exija a los Estados Unidos de América el cumplimiento inmediato e incondicional de las resoluciones y recomendaciones de este Órgano.
Muchas gracias.
Santiago de Chile, 2 de noviembre 2006
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