El clima desestabilizador instigado por la oposición generó los recientes disturbios en varios departamentos del país, creando una espiral de violencia que las autoridades temen conduzca a una confrontación nacional.
Tras constantes denuncias y para evitar un desenlace nefasto, el mandatario boliviano convocó a una osada consulta para someter al juicio popular su gestión y el mandato de los nueve gobernadores del país.
Morales aseguró a Prensa Latina que el pueblo boliviano encara ahora el histórico reto de decidir si avanza con el actual proceso de cambios democráticos o retrocede al modelo neoliberal.
«Bolivia vive una lucha permanente entre quienes buscan justicia social y quienes temen perder sus privilegios, y ahora el pueblo soberanamente decidirá el futuro de la nación», explicó.
El gobierno ultima ahora los detalles del proyecto de ley de revocatoria para presentarlo al Congreso Nacional en las próximas horas.
Numerosas voces en sectores políticos, sociales, empresariales y académicos consideran valiente la decisión de Morales, quien se juega el cargo en un proceso que ratifica empero su carácter democrático.
En tal sentido, el Ejército boliviano ratificó esta semana su apego a la constitucionalidad y confirmó que varias autoridades supuestamente democráticas llamaron a una asonada golpista.
El general Wilfredo Vargas acusó en particular a los prefectos Leopoldo Fernández y Manfred Reyes Villa, voceros de la llamada «Media Luna ampliada», alianza opositora entre autoridades de Beni, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Cochabamba y Chuquisaca.
El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas denunció la manipulación al pueblo para llevarlo a cometer arbitrariedades como el apedreamiento de un avión militar venezolano que poseía permiso para aterrizar en el aeropuerto de Riberalta.
Morales pidió disculpas al gobierno venezolano por el incidente, y cuestionó los pretextos nacionalistas de la población de Beni, cuyas autoridades -dijo- nunca agredieron a los helicópteros de Estados Unidos cuando aterrizaban arbitrariamente en Bolivia.
Otra fuente de conflicto, la Asamblea Constituyente, avanzó con su mudanza a la ciudad de Oruro, donde existen las garantías para culminar la nueva Carta Magna antes del próximo viernes.
Esta variante terminó con jornadas de especulación sobre la nueva sede del cónclave, cuya permanencia en Sucre resultó imposible debido a la intolerancia de grupos opositores.
El cambio fue posible gracias a una reciente modificación de la Ley Especial de Convocatoria, que autorizó el cambio de sede si fallaban las garantías para el desarrollo de las plenarias.
El próximo 14 de diciembre vence el plazo para entregar el nuevo y refundador texto constitucional, y ya el gobierno anunció una festividad en la céntrica Plaza Murillo para celebrar el trascendental acontecimiento.
La Paz, 8 de diciembre 2007
Prensa Latina , 0, 46, 11
