Herrera, explicó que el sistema procesal penal vigente hoy en Chile es la respuesta que el país ha encontrado para satisfacer la creciente demanda de más y mejor justicia.
Las consecuencias del actual sistema de enjuiciamiento criminal son enormes, puesto que implican un cambio no sólo de los procedimientos, sino que también y de manera fundamental de las formas de entender la justicia y la función policial en un escenario que se ha vuelto más complejo y dinámico, señaló.
Es por ello, que esta nueva repartición y su personal deberá mantener un permanente contacto con ministros, fiscales del Ministerio Público, jueces, organismos y agrupaciones de Derechos Humanos, con el objeto de prestar todo su apoyo y colaboración.
Especialistas sugieren que el respeto a los derechos humanos por parte de los miembros de las instituciones policiales realza la efectividad policial y que el irrespeto sólo hace más difícil la tarea y la función policial.
Cuando los Derechos Humanos son sistemáticamente respetados, los policías desarrollan su profesionalismo y sus modelos de actuación son más adecuados y efectivos para reducir el crimen, mantener el orden público y mantener un nivel de legitimidad social, afirmó la máxima autoridad de la Policía Civil.
Evitar la violación de los derechos humanos por parte de la policía implica una serie de retos. Cuando un miembro de la policía atenta contra los derechos de las personas afecta la dignidad humana, el estado de derecho y la autoridad de las instituciones públicas, finalizó el Director General, Arturo Herrera.
Santiago de Chile, 3 de diciembre 2007
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