La petición fue presentada ante el juez Jorge Zepeda, sustituto de Sergio Muñoz, magistrado del caso que se encuentra en espera de una decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre un recurso de implicancia presentado por la defensa del ex militar.
La diligencia del SII, que determinó existe mérito para iniciar el antejuicio, se suma a una similar presentada por los abogados querellantes Alfonso Insunza y Carmen Hertz y constituye un paso firme para dictar eventuales procesamientos en su contra.
Si bien el caso Riggs es investigado por Muñoz, debido a que éste enfrenta una causal de implicancia que apunta a inhabilitarlo del proceso, fue Zepeda quien recibió el escrito y el que debe determinar ahora si lo eleva o no a la Corte de Apelaciones.
De terminar con el fuero del militar, decisión que tendría que tomar en última instancia el pleno de la Corte Suprema, Pinochet se arriesga por primera vez a enfrentar un procesamiento por delitos económicos.
Juan Toro, director del SII, había advertido ayer que investigan a todas las personas relacionadas con las cuentas del octogenario ex gobernante, incluyendo a su familia y otros militares en retiro.
Según las últimas cifras, la fortuna acumulada por Pinochet en operaciones en las que no ha podido demostrar su origen sobrepasan los 16 millones de dólares y las evasiones fiscales verificadas hasta el momento ascienden a 3,5 millones.
El proceso por las cuentas secretas del ex dictador, iniciado a partir de una investigación del Senado norteamericano cuyos resultados se hicieron públicos en julio del pasado año, se encuentra virtualmente paralizado pendiente de dos apelaciones de la defensa.
Recurriendo a argucias jurídicas, la primera busca alejar al juez Muñoz del proceso, mientras la segunda pide que se levante el embargo de los bienes del ex gobernante dictado por el magistrado el pasado 10 de diciembre.
En sus alegatos el lunes ante la Corte, el abogado Pablo Rodríguez argumentó que su cliente no ha tenido «un debido proceso» ya que el juez había emitido opinión en el fallo que desaforó a Pinochet en la Corte de Apelaciones por el asesinato del general Prats.
Otro de los abogados de Pinochet, Fernando Rabat, dijo que el ex dictador no puede acceder ni a su dinero ni a sus bienes y se encuentra en una verdadera encrucijada pues al mismo tiempo debe responder al juicio tributario iniciado por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Por su parte, la jurista María Teresa Muñoz acusó a Pinochet en nombre del Consejo de Defensa del Estado de usar las mismas formulas que los traficantes internacionales de drogas para ocultar el origen de más de 16 millones de dólares descubiertos en el Riggs.
Dijo que la decisión de embargar sus bienes responde a la necesidad de mantener bajo vigilancia del tribunal los fondos del imputado ante el peligro de que desaparezcan, para que así pueda enfrentar las responsabilidades pecuniarias de un juicio.
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