Así quedó establecido con la Ley de Chile Compra, modificada el año 2005, donde está expresamente establecido que los órganos del Estado deben informar de tales circunstancias a la Cámara de Diputados, además de Contraloría.
Luego de haber impulsado la transparencia de la contratación en la Cámara, ahora es el turno de los demás órganos de la administración del Estado, incluido incluso el Poder Judicial. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son las personas que están trabajando en las reparticiones públicas, para evitar suspicacias referentes a supuestas irregularidades en este sentido, detalló.
Asimismo, recalcó que creo que es justo que la ciudadanía pueda acceder a esta información. Es justo promover la transparencia y probidad que debe impregnar nuestra función pública.
En cuanto a la medida de la Comisión de Régimen Interno de hacer opcional la información que entregan los Diputados sobre la contratación de sus familiares, Enríquez-Ominami estima que dicha iniciativa atenta contra la transparencia y probidad en el ejercicio parlamentario.
En este sentido, valoró el hecho que la presidencia de la Cámara de Diputados tomó conciencia sobre nuestras iniciativas planteadas y decidió presentar un proyecto que busque obligar a los Diputados a entregar esta información. Afortunadamente el Presidente de la Cámara de Diputados entendió nuestro planteamiento que busca dar claras muestras de transparencia y probidad administrativa.
Es preciso indicar que a principios del año pasado, durante el período de incidentes, el Diputado Marco Enríquez-Ominami planteó por primera vez la necesidad de transparentar el cargo de los asesores de los parlamentarios.
En enero del 2007, en base a la Ley 20.088, que dice que ningún órgano de la administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado podrán suscribir contratos con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco, Enríquez-Ominami solicitó formalmente a la Comisión de Conductas Parlamentarias de la Cámara de Diputados la necesidad que los diputados informen si tienen familiares contratados.
A mi juicio el registro de asesores debiera hacerse desde que entró en vigencia la ley y no un año después. Desde mayo del año pasado que existe la normativa, por lo que el registro de asesores debe comenzar desde esa fecha. Hay una zona oscura que debe ser abordada. Tenemos que ir por más y no podemos quedarnos con lo aprobado, por eso también solicitaremos que el registro sea desde que comenzó a regir esta iniciativa, recalcó.
Valparaíso, 19 de abril 2007
Crónica Digital , 0, 15, 3
