El gobierno se comprometió inicialmente a darle prioridad a un proyecto del senador Alejandro Navarro que facilitaba la libertad condicional de cuatro comuneros en huelga de hambre a cambio de que terminaran la protesta.
La iniciativa, que coincidió con un feriado largo del Congreso en mayo pasado, quedó luego definitivamente empantanada cuando sectores dentro y fuera del gobierno le atribuyeron visos de inconstitucionalidad, una vez suspendida la protesta.
Como posible alternativa el gobierno presentó otro proyecto para cambiar la ley antiterrorista, pero también enfrentó el rechazo de la derecha por «constituir una formula demasiado amplia para permitir la salida de prisión de otras personas ajenas a las que se pretendía favorecer».
Con este argumento fue suspendida el martes la sesión sobre la normativa y su votación quedó pendiente, mientras los parlamentarios de la Comisión de Constitución del Senado sugirieron la posibilidad de recurrir a un indulto presidencial en este caso.
La idea ya había sido planteada anteriormente por la derecha, pero hoy cuenta también con la simpatía de legisladores de la coalición gobernante.
La senadora democristiana Soledad Alvear dijo que se podría analizar esta posibilidad, sobre todo, porque al no existir en el país los jueces de penas, a quienes cabría la responsabilidad de analizar estos casos, el asunto quedaría a la potestad de la presidenta.
El senador de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) Hernán Larraín señaló por su parte que la oposición respaldará una presentación de indulto de la mandataria, siempre que vaya acompañada de soluciones para terminar la violencia en la Araucanía.
Ello implicaría un conjunto de medidas de seguridad y un compromiso de los líderes mapuches que habitan mayoritariamente esa región, de que depondrán de forma permanente el uso de la violencia para reclamar sus tierras, en manos de terratenientes y empresas foráneas.
Dijo que el proyecto del gobierno implica que de los 23 mil presos chilenos, mas o menos la mitad tendría derecho a pedir el beneficio y saldría en libertad, y por ello volvió a surgir la inquietud del indulto, que se podría considerar sujeto a las condiciones mencionadas.
Para el líder derechista «la propuesta de Navarro es inconstitucional y la del gobierno es inviable», por lo que se debe buscar una tercera iniciativa que si no lleva los complementos para la solución global, tampoco va a prosperar.
El proyecto del Ejecutivo cambia la ley antiterrorista, al sacar del texto algunos delitos que no tienen relación con daños a las personas, como es el incendio a la propiedad, de lo que son acusados la mayoría de los mapuches procesados.
Los comuneros Juan y Jaime Marileo, Juan Huenulao y Patricia Troncoso fueron condenados en el 2005 a 10 años de cárcel bajo una ley antiterrorista impuesta en los años 80 por el ex dictador Augusto Pinochet para sancionar severamente a opositores políticos.
La condena incluyó además el pago de una indemnización de más de 800 mil dólares a la firma forestal Mininco S.A, que los acusó de haberle dado fuego a uno de sus predios, que los indígenas reclaman como propiedad de sus antepasados.
Los indígenas cumplieron poco más de dos meses en huelga de hambre en medio de fuertes protestas dentro y fuera del país, ante la negativa del gobierno de Michelle Bachelet a revisar el caso hasta que finalmente las autoridades aceptaron buscar una salida.
Santiago de chile, 3 de agosto 2006
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