La iniciativa, presentada por la diputada del PPD Adriana Muñoz y los diputados socialistas Sergio Aguiló, Marco Enríquez-Ominami, Carlos Montes y Carolina Goic, será nuevamente estudiada por la Comisión de Trabajo luego que los parlamentarios presentaran indicaciones a la moción original.
La diputada Muñoz resaltó que modificar o incluso eliminar el actual concepto de empresa en la legislación laboral apunta a terminar con el mayor foco de abusos laborales existente en el país. Esto porque, según la parlamentaria, si bien el concepto de empresa en la legislación laboral chilena es bastante amplio, constituye una norma que beneficia al empresario que se ampara en tecnicismos civiles para fundar sus excepciones frente a una demanda.
Es muy importante hoy día modificar o eliminar el concepto de empresa, muchos países no lo tienen, y lo que sí hay que dejar claramente establecido es quien es el empleador, eso queda absolutamente diluido, opacado en la actual definición de empresa que tiene nuestro Código del Trabajo. No se sabe quien diantre para decirlo en buen chileno- es el empleador hoy día en las modernas y complejas administraciones empresariales en nuestro país, no se sabe.
Por esta razón, la diputada Muñoz instó a los parlamentarios de la Alianza a debatir sobre el tema y que no nos sigan amenazando con Tribunales Constitucionales. Basta ya de tapar el sol con un dedo, los trabajadores requieren de una ley que resguarde sus derechos y basta de amenazas con poderes externos al poder que tiene el pueblo representado en este Parlamento, precisó.
El proyecto establece que se entienden comprendidos dentro del concepto de empresa a los grupos de empresas relacionadas que integran una misma unidad económica, ordenada bajo una dirección común.
Asimismo, se establece que la Dirección del Trabajo, a petición de parte, podrá establecer, mediante resolución fundada, que un grupo de empresas relacionadas integra una misma unidad económica ordenada bajo una dirección común. De esta resolución podrá reclamarse al Juzgado de Letras del Trabajo que corresponda, dentro de los 15 días siguientes a la notificación.
El proyecto además aumenta las multas que puede cursar la Dirección del Trabajo, referidas a estas materias, que actualmente van de las 5 a las 150 unidades tributarias mensuales, pasando a ser de 20 a 200 UTM (entre $647 mil y $6 millones 467 mil).
Por otra parte, se precisa que el infractor tendrá un plazo de 30 días, una vez ejecutoriada la resolución administrativa, para subsanar las irregularidades. Si vencido dicho plazo, la situación persiste, la multa puede ser aplicada nuevamente, con un recargo de un 50 por ciento.
Valparáíso, 6 de diciembre 2006
Crónica Digital , 0, 79, 12
