La jueza del tribunal capitalino, Romy Rutherford, resolvió que los hechos que se le imputan al ex gobernante constituyen delitos de lesa humanidad, no son prescriptibles y tienen competencia internacional.
La diligencia fue presentada el pasado 22 de junio por los peruanos Raúl Paiva y Rodolfo Noriega, dirigentes del Comité de Refugiados de Perú en Chile, en ocasión de una visita de García a Santiago para reunirse con la presidenta Michelle Bachelet.
La acción judicial es patrocinada por los abogados chilenos de derechos humanos Hugo Gutiérrez y Roberto Avila, y se refiere a las matanzas de presos ocurridas el 19 de junio de 1986 en las cárceles de El Frontón, San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara.
Los crímenes ocurrieron cuando los reos, pertenecientes a la organización Sendero Luminoso y otros grupos radicales, se rebelaron para evitar ser trasladados a la prisión de alta seguridad de Canto Grande, donde las condiciones eran aún peores.
De acuerdo a los antecedentes presentados por los denunciantes, en esas prisiones ocurrieron ejecuciones sumarias, desapariciones y torturas durante una protesta en 1988 y el gobierno que presidía García se negó rotundamente a dialogar con los reclusos.
Según Paiva, el levantamiento en la cárcel de El Frontón fue violentamente reprimido por infantes de Marina, especialmente trasladados para asaltar el recinto. En la refriega murieron 119 presos y otros 20 resultaron heridos.
Señaló que muchos de los que resultaron muertos fueron ejecutados después de entregarse a las autoridades y otros fueron torturados hasta morir o desaparecieron.
Santiago de Chile, 5 de julio 2005
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