El emisario submarino llevará hasta la zona costera, los residuos del Complejo Forestal e Industrial (CFI) Nueva Aldea, ex planta Itata.
Rechazamos esta decisión de la Corema, porque omite el grave riesgo para el medioambiente que significa. Este megaproyecto contempla una inversión de 1.400 millones de dólares y es similar a la planta que opera en Valdivia y que destruyó el río Cruces», dijo el director ejecutivo de Oceana, Marcel Claude.
Según el líder ambientalista, las consecuencias para el ambiente serán igual de desastrosas, «pero eso parece no importarle ni al gobierno ni a uno de los grupos económicos más poderosos del país.
Pese a que la aprobación final del ducto no ha sido entregada por las autoridades medioambientales, con esta determinación la Corema aprueba el inicio de las obras utilizando como argumento el artículo 8 de la Ley 19.300, que establece que los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, podrán ejecutarse si el titular presenta una póliza de seguro que cubra el riesgo al medioambiente, obteniendo una autorización provisoria para iniciar el proyecto.
Celco extiende una póliza de seguro de 230 millones de pesos y puede comenzar a operar con plena tranquilidad. Paga por adelantando los enormes daños al medioambiente que generará frente a la permisividad de las autoridades. El propio director regional de la CONAMA Bío Bío, Bolívar Ruíz, dijo que lo aprobado no tiene nada que ver con el fondo del proyecto. Cómo entonces se permite el inicio de las obras si aún no está claro el enorme efecto negativo de un emisario submarino en el mar. Si comienzan las faenas de la construcción al ducto, luego la Corema no podrá decir que no al grupo Angelini, agregó Claude.
El director ejecutivo de Oceana indicó además que «estos lamentables episodios nos demuestran no sólo el inmenso poder de Celco, sino también el problema generalizado que Chile tiene con los emisarios submarinos. Debe iniciarse urgentemente un debate serio en torno a los desechos que estamos depositando a lo largo de nuestro mar. Esto, evidentemente, debe traducirse en regulaciones que protejan al país de estos atentados ambientales».
Respecto al impacto de un emisario submarino, como el ducto que se pretende instalar en la zona costera de la Octava Región, la ingeniera ambiental de Oceana, Antonia Fortt, expresó que esta práctica de desagües industriales se utiliza hace mucho tiempo en nuestro país y sus consecuencias han sido terribles para el medioambiente.
Por: Diego Valderrama
Santiago de Chile, 19 de enero 2006
Crónica Digital
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