EXPERTOS DE DIEZ PAÍSES ANALIZAN PATRIMONIO MUNDIAL

Crónica Digital 13 marzo, 2007

Francesco Bandarin, director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, presidió en encuentro, al que asistió el vicecanciller chileno Alberto Van Klaveren, junto a expertos regionales, para reforzar la conservación y desarrollo de la herencia cultural y natural.

En la reunión, denominada de Seguimiento del Informe Periódico de Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe, Van Klaveren recordó que Chile formó parte del Comité del Patrimonio Mundial durante el período 2003-2007.

Dijo que los chilenos tienen mucho que aprender de otras experiencias y visiones para enriquecer los esfuerzos del país y afirmó que hay contextos, realidades y percepciones comunes, fundamentales para el desarrollo integral de los países de la región.

Opinó que esa tarea se cumple mejor analizando de manera mancomunada «cómo fortalecer la gestión, el manejo, el monitoreo, la participación de las comunidades y, en fin, la conservación de nuestros sitios reconocidos como de valor universal excepcional».

Los especialistas provienen de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay y Chile.

Tras las deliberaciones, los expertos visitarán el casco histórico del vecino puerto de Valparaíso.

Santiago de Chile, 13 de marzo 2007
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Obviamente, quienes facilitan esta visita tan breve, como la de un médico, son los dueños de casa, es decir, los jueces de garantía respectivos a quienes se les imputa, ligeramente, un grave incumplimiento de sus deberes ministeriales. Como la afirmación anterior revela un desconocimiento increíble del nuevo sistema de procedimiento penal, me permito hacer algunas precisiones, como una modesta contribución al esclarecimiento de esta delicada cuestión. En primer lugar y en términos generales, cuando una persona es detenida por la comisión flagrante de un delito -que es el origen más común de las detenciones- conforme al artículo 131 del Código Procesal Penal- ella debe ser conducida ante el juez de garantía competente dentro de las 24 horas siguientes. Esta detención provoca una audiencia de control de la legalidad de dicha detención ante el mismo juez, a la que deben concurrir el fiscal, y el imputado y su defensor. Luego que el juez escuche a los intervinientes, especialmente al imputado, debe adoptar una decisión respecto de la legalidad antedicha en su carácter de “guardián” de los derechos fundamentales de toda persona consagrados principalmente en la Constitución Política de la República. Si estima que la detención se ajustó a Derecho le dará la palabra al fiscal para los efectos de que formalice o no la investigación, lo que, en términos simples, implica que este funcionario debe dar conocimiento al imputado acerca de la investigación que realiza en su contra por la participación que haya tenido en la comisión de un delito determinado, el que calificará. El artículo 132 del Código Procesal Penal permite al fiscal pedir al juez una ampliación de la detención hasta por tres días para cumplir con esta obligación en caso que no cuente con los antecedentes suficientes. La formalización es un acto unipersonal y exclusivo del fiscal, toda vez que es a este Órgano del Estado a quien le competente, en forma exclusiva, la investigación de todos los crímenes y simples delitos de acción penal pública que se cometan en el territorio de la República. Así lo estatuye la Constitución Política, el Código Procesal Penal y la Ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional de este Ministerio. Al juez de garantía no la cabe ninguna intervención material en dicha investigación. Es más, ni siquiera la conoce, por lo que la formalización realizada por el fiscal habitualmente va a constituir la primera noticia que adquiere del hecho delictivo que se atribuye al imputado. Luego que el fiscal haya formalizado la investigación , y en el caso en que estime que el imputado debe ser objeto de alguna medida cautelar personal, deberá pedirle al juez que la decrete, fundamentando su petición. En el caso en que solicite la prisión preventiva de éste, el artículo 140 del Código Procesal Penal le exige que acredite que se cumplen los requisitos que la misma norma prescribe. Las exigencias legales anteriores, impuestas al fiscal y, eventualmente al querellante, si es él quien pide esta última cautelar, tienen su explicación en la circunstancia, ya dicha, en orden […]

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