BACHELET PROMETE QUE NO HABRÁ PUNTO FINAL EN SU GOBIERNO

Anunció asimismo que el tema será parte integrante de la política de Estado que buscará la consolidación de la vía judicial para esclarecer los crímenes pendientes, así como el paradero de más de un millar de detenidos-desaparecidos por la dictadura militar.

Hija del general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet -muerto como resultado de las torturas infligidas por los militares golpistas en 1974- la médico socialista aseguró a los familiares de las víctimas que en su gobierno no habrá punto final en favor de los represores.

Mientras tanto, el equipo económico de la candidata insistió hoy en que las prioridades del eventual gobierno de la abanderada oficialista serán el empleo y la reforma al sistema previsional.

Andrés Velasco, uno de los economistas que integran el comando de campaña, dijo que ambos temas -incorporados en las 36 medidas para los 100 primeros días de gobierno- diferencian a la presidenciable de su rival de la alianza opositora, Sebastián Piñera.

Aseguró que en el segundo semestre de 2006 se enviará al Congreso el proyecto para hacer una reforma global al sistema. En este punto, el primer paso será reajustar las pensiones más bajas y lograr acceso universal a la pensión asistencial, apuntó.

El asesor económico de la candidata también destacó que para beneficiar a los jóvenes en materia de empleo se va a bonificar y subsidiar el costo de contratación durante el primer año, de manera de insertarlos en el mercado laboral y darles experiencia.

La idea es -aseveró- facilitar a los jóvenes el trabajo «part time» y la flexibilidad horaria a través de la negociación colectiva.

En el caso de las madres que trabajan, éstas tendrán derecho a sala cuna con el pre requisito de tener hijos pequeños, contrato laboral y que pertenezcan al 40 por ciento más pobre de los chilenos.

Bachelet, quien ganó la primera vuelta electoral con 45,95 por ciento de los votos, deberá enfrentar en el 15 de enero en un balotaje al acaudalado empresario Sebastián Piñera, quien quedó en segundo por poco más del 25.

Santiago de Chile, 29 de diciembre 2005
Crónica Digital/PL , 0, 68, 3

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El abogado Nelson Caucoto dijo que pese a lo positivo del dictamen,»confía en que la justicia militar se incompetente para conocer la causa, y se la traspase al ministro en visita Joaquín Billard, en procura de establecer cómo ocurrieron los hechos denunciados». Explicó que el magistrado Billard sustancia una querella contra el ex comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte, por su responsabilidad en las desapariciones de los dirigentes del MIR. Caucoto sostuvo que el fallo del máximo tribunal sienta un precedente al insistir en un criterio contra la aplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978. «La Sala en lo Penal estimó que la reglamentación que exculpa de responsabilidad a los responsables de violaciones a los derechos humanos, no pueden ser invocadas mientras no se indaguen a cabalidad los hechos», explicó. «Nuestra Corte Suprema ha fijado un criterio más bien unánime, salvo la versión contradictoria del auditor general del Ejército (Juan Romero), en términos de no aceptar la aplicación de la Amnistía, en términos de permitir la investigación íntegra de los hechos», precisó el jurista. Caucoto espera que la reapertura del sumario posibilite determinar las responsabilidades que correspondan, las sanciones y la reparación económica a los familiares de las víctimas. LOS HECHOS Según los antecedentes del proceso, ambos miristas ingresaron a la iglesia de Los Capuchinos en diciembre de 1973 en busca de refugio, donde fueron arrestados por efectivos de Carabineros y personal civil de los aparatos de Inteligencia del régimen militar. La Corte Marcial dispuso el sobreseimiento del caso en agosto de 2003, sentencia revocada al considerar la sala que tal resolución infringió importantes disposiciones del Código de Procedimiento Penal. El tribunal ordenó que el Segundo Juzgado Militar de Santiago tome declaraciones al oficial en retiro Rubén Castillo y también a los sacerdotes Sergio Uribe, Orlando Córdova y Rafael del Piano, testigos de los hechos que se investigan. Van Schowen, cuñado del mítico líder del MIR, Miguel Enríquez, fue requerido el mismo día del golpe de Estado (11 de septiembre de 1973) para presentarse ante las autoridades castrenses. La Junta de Gobierno ofreció entonces una recompensa de 500 mil escudos a la persona que ayudara a encontrarlo o a quienes estaban vinculados a su familia. Las autoridades golpistas informaron entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que Van Schowen había viajado a Cuba en febrero de 1973 sin que existiera constancia de su regreso. Negó, además, que hubiera sido detenido o puesto a disposición de algún tribunal. El cadáver de Munita fue encontrado años más tarde en una tumba marcada «NN» (no identificado) en el cementerio general de Santiago, pero el de Van Schowen no . La resolución de la Corte Suprema señala que los hechos apuntan a delitos de homicidio, arresto ilegal y secuestro calificado y que «deben ser objeto de una acuciosa y celosa investigación de parte del fiscal militar que corresponda». Agrega que en la causa existen diligencias importantes que no se realizaron en la […]

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