‘Al alero de este concepto se pueden desprender algunas derivaciones lógicas, en primer lugar el concepto de derechos políticos que involucra no sólo el derecho a voto, sino también la posibilidad de inclusión del ciudadano común como ente relevante en el proceso de estructuración, ejecución y fiscalización de la gestión pública. Un derecho a la participación protagónica, ya sea en materias políticas, sociales y/o económicas, que sirva como contrapeso y control de la gestión pública a través de la definición e implementación de canales de vigilancia.
Por lo tanto, la participación ciudadana va a ser una función del reconocimiento de los derechos políticos de cada habitante del territorio, sin ninguna restricción ni discriminación, en el ámbito de las políticas públicas. Por otra parte, la intervención y la ejercitación de los derechos de cada ciudadano va a estar supeditada a la orientación de cada gobierno en particular, de acuerdo a las directrices definidas por la autoridad, debiendo ser la participación de la sociedad civil la forma de plantear de modo efectivo los fundamentos de una democracia participativa.
Sin embargo en la práctica, la voluntad del pueblo en ningún caso es la base de la toma de decisiones del poder público. Es más, la incidencia de la sociedad civil en la administración de la Nación aparece más bien como un componente accesorio, cuya inclusión relativa es utilizada únicamente para validar las políticas de Estado en un contexto de pseudo participación.
,
Bajo este escenario, no es de extrañar que la mayoría de las ONGs, organizaciones de base y demás instituciones civiles y actores sociales irrumpan como respuesta de la ciudadanía a la escasa o nula intervención en las políticas de estado, como una forma de hacer exigible nuestra participación como ciudadanos determinantes, capaces de generar o complementar el conocimiento necesario para sustentar una dirección eficiente. Por lo tanto, resulta relevante el apoyo a la gestión pública en términos de investigación, cuando el estado de comprensión en cualquier materia en particular es insuficiente para optar y discriminar entre varios esquemas de administración.
En Oceana hemos desarrollado numerosos estudios en materias de pesquerías, contaminación y acuicultura. A través de estos documentos hemos podido denunciar y difundir el efecto de un sinnúmero de actividades con implicancias directas en el medio ambiente y en las actividades productivas que se desarrollan en nuestros océanos. Muchas veces estos estudios han sido desarrollados informalmente por la autoridad son hacerse públicos, ya que su divulgación tendría repercusiones directas e inmediatas en la evaluación del gobierno en cuestión. En muchos otros casos, estas investigaciones ni siquiera se han desarrollado por limitaciones de capital humano o económico, o simplemente porque son materias que pondrían en tela de juicio la gestión de la autoridad. La generación de información objetiva y transparente, sin ningún tipo de vinculación o pleitesía a la administración pública es entonces fundamental en la evaluación de las materias más álgidas.
,
Tampoco debemos olvidar que la presidenta Bachelet al comienzo de su mandato señaló: este es el gobierno de los ciudadanos y para los ciudadanos, un compromiso a articular y fortalecer la participación de la ciudadanía, desde un punto de vista pluralista, integrador y no discriminatorio para transformar sus demandas en propuestas de influencias sobre las políticas públicas.
Por: Juan José Valenzuela, biólogo marino de Oceana. El autor es colaborador de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 2 de agosto 2006
Crónica Digital , 0, 188, 16’
