El objetivo es motivar a las familias a acercarse al jardín JUNJI más cercano a su domicilio o lugar de trabajo y a participar en este proceso que culmina en diciembre y cuyos resultados se conocerán en enero de 2008.
Los únicos requisitos para la inscripción consisten en que los padres o encargados del niño o niña deben ser encuestados por la Ficha de Protección Social, presentar el certificado de nacimiento del párvulo o la libreta de familia y el documento de liquidación de sueldo, en el caso de que no se cuente con la Ficha de Protección Social.
Todos los servicios que JUNJI ofrece son gratuitos para las familias, ya que son financiados por el Estado de Chile. Por su parte, la educación que se brinda, focalizada principalmente en los sectores de pobreza y vulnerabilidad social, se orienta según principios de calidad y se enmarca en un ambiente de afecto, protección y seguridad para los párvulos.
Santiago de Chile, 22 de septiembre 2007
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Sáb Sep 22 , 2007
En este contexto,El presidente del magisterio, Jorge Pavez denunció las pésimas condiciones de trabajo, explotación, malos tratos, contrato de trabajo fraudulentos, el no pago de bonos y gratificaciones legales, además de liquidaciones de sueldo poco transparentes, por parte de la sostenedora del Liceo Samca Arumanti, Amelia Espinosa. Este caso demuestra como operan en la impunidad personas que no están en condiciones de administrar la subvención estatal y menos de propiciar una educación de calidad para los estudiantes. Esperamos que la Contraloría General aplique todo el rigor de la ley a todos los sujetos inescrupulosos que siguen enriqueciéndose con la plata de todos los chilenos y chilenas, señaló Pavez. Lorena Gallardo, quien trabajó hasta enero del años 2005 en el establecimiento educacional de Iquique cree que la principal situación que afecta a sus colegas es el daño psicológico generado por la sostenedora producto de los malos tratos, el sometimiento a cargas horarias irregulares y los continuos despidos de los maestros. Asimismo, recordó que a 100 años de la conmemoración de la Matanza de Iquique, donde miles de trabajadores vieron vulnerados sus derechos, hoy persiste este tipo de atropellos, que si bien no utilizan la fuerza física, dejan en evidencia los abusos, la explotación y el desamparo de los profesores. Jorge Pavez explicó que como consecuencia de este conflicto se presentaron en forma simultánea a la Secretaria Regional Ministerial de Educación de Iquique, a la Contraloría General de la República y a la Dirección Regional del Trabajo, treinta y tres denuncias gravísimas respaldadas con documentación. A esto se suma dos encuentros con la Ministra de Educación, Yasna Provoste, quien se comprometió en el mes de agosto a resolver a la brevedad las irregularidades. Semanas después, esta dependencia del Estado acogió sólo parcialmente las solicitudes de sanción. Durante el encuentro, el vicepresidente del Magisterio, Darío Vásquez, hizo mención de los casos que afectan a los colegios de Viña del Mar Ciudad de Paz y Jerusalén. En mayo de 2006 la Sociedad Educacional SODEC Ltda. caducó, no obstante, la sostenedora Cecilia Guzmán continúo recibiendo la subvención del Estado, caso que estaba en conocimiento del seremi de Educación de la Región de Valparaíso, Cristian Rojo. Esta situación fue denunciada por los dirigentes del Colegio de Profesores, lo que generó el nombramiento de un administrador provisorio decretado por el representante de la repartición estatal. Pese a esta medida la intervención del empleado público fue nula, lo que a juicio de Darío Vásquez demuestra la escasa voluntad y fiscalización de las autoridades de gobierno a nivel regional. Santiago de Chile, 22 de septiembre 2007 Crónica Digital , 0, 48, 21
