Pinochet es acusado de ordenar la detención y posterior desaparición de seis de los 119 desaparecidos políticos durante ese operativo de cuerpos represivos sudamericanos, llevados a cabo en 1974 y 1975.
La resolución de la Corte fue de dos votos contra uno. El voto de mayoría correspondió a los ministros Hugo Dolmestch y Haroldo Brito, en tanto el voto en contra, en tanto, correspondió al abogado integrante Hugo Llanos.
Los magistrados que dieron la libertad a Pinochet , sostuvieron que el proceso no derivan antecedentes que permitan sostener que la libertad provisional de Pinochet pueda afectar el éxito de la investigación que desarrolla el ministro de fuero Víctor Montiglio
El juez Hugo Llanos, quien votó en contra de Pinochet,.recordó que el ex dictador está procesado por secuestros, que son delitos permanentes y que por la gravedad de la pena asignada la libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad.
El abogado Hernán Quezada, querellante en el caso Colombo, sostuvo al diario conservador El Mercurio que la libertad de Pinochet, «es una mala señal y al contrario, una buena señal para los violadores a los derechos humanos que obtienen tan rápidamente su libertad provisional en estos casos».
La Operación Colombo o también denominada como el Caso de los 119, fue una campaña propagandística en la que medios de comunicación informaron que los disidentes al gobierno de Pinochet, en su mayoría militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), se habían abatido entre ellos debido a las pugnas de poder.
En 1975, arreciaban las críticas contra la junta ante las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos realizadas por los exiliados y los partidos de izquierda, que fueron recogidas, además, en informes de organizaciones como Amnistía Internacional.
Para neutralizar estas críticas, que Pinochet atribuía a la propaganda comunista, la policía secreta del régimen militar, La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) organizó una campaña de desinformación, cuyo objetivo era convencer a la opinión pública nacional e internacional de la inexistencia de desaparecidos en Chile.
Así, el 15 de julio se publicó en Buenos Aires el único número del semanario Lea, que en un reportaje titulado La Vendetta Chilena citaba a sesenta militantes del MIR que habrían sido asesinados por sus propios compañeros en América Latina y Europa.
Su distribución estuvo a cargo del Ministerio de Bienestar Social argentino, cuyo titular era José López Rega, uno de los fundadores de la ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina, imputada en más de mil asesinatos y desapariciones entre 1974 y 1977.
Además, el 24 de julio, el vespertino de la cadena El Mercurio, La Segunda reprodujo, bajo el titular Exterminan como ratas a miristas, una información falsa publicada siete días antes por el periódico O Dia de Curitiba (Brasil) en la que nombraba a los 59 militantes del MIR que habrían muerto, habrían sido heridos o se habrían evadido tras dos supuestos enfrentamientos entre la policía de Salta (Argentina) y grupos guerrilleros.
Santiago de Chile, 2 de enero 2005
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