La huelga, comenzada el lunes, fue interrumpida a la espera de negociaciones de la Alcaldía sobre las objeciones de los choferes a un reordenamiento temporal del tránsito, debido a la realización de obras de remodelación urbana.
Desde primera hora, autobuses y microbuses volvieron al trabajo, aunque en la jornada precedente el servicio fue en buena medida cubierto por transportistas por cuenta propia.
Una vasta movilización de soldados y policías impidió también los bloqueos que, con sus propios vehículos, realizaron el lunes los conductores, lo que impidió el tránsito por el centro de La Paz.
Ante ese panorama, centenares de activistas del paro marcharon por las calles, pero fueron repudiados por comerciantes callejeros y ciudadanos, ante lo cual destruyeron bardas de protección y otros medios de obras municipales.
Entretanto, la dirigencia de la Confederación de Choferes de Bolivia manteien un diálogo con el gobierno sobre sus demandas, principalmente la de que se impida la legalización de vehículos ingresados de contrabando.
De otro lado, la Federación de Cooperativas Mineras rompió anoche formalmente una alianza con el gobierno y amenazó con iniciar bloqueos de carreteras si en 72 horas el ejecutivo no se declara responsable de un grave enfrentamiento con 16 muertos.
El choque se registró la semana pasada en la sureña localidad minera de Huanuni, cuando los cooperativistas intentaron tomar por asalto un rico yacimiento estatal, siendo rechazados por los obreros del lugar.
El vocero presidencial, Alex Contreras, negó la responsabilidad gubernamental y recordó que las cooperativas rechazaron en los últimos meses tres propuestas gubernamentales para resolver el conflicto y atacaron a los obreros en los últimos incidentes.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público dictaminó que las Fuerzas Armadas y la Policía no participaron en los hechos de violencia de Huanuni, pues en los casos de muerte por arma de fuego, los calibres de los proyectiles no corresponden al armamento oficial.
Sobre el grave conflicto, el parlamentario y ex dirigente sindical minero José Pimentel denunció que los abogados José Luís Galindo y José Antonio García, ligados al ex persidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, asesoran a las cooperativas.
En el afán de pacificar Huanuni, el gobierno inició un plan de asistencia social con alimentos y medicinas y la reconstrucción de decenas de viviendas dañadas durante los enfrentamientos del jueves y viernes pasados.
Al mismo tiempo, el gobernante y mayoritario Movimiento al Socialismo (MAS) presentó en el Congreso un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas de los luctuosos sucesos.
La proliferación de conflictos sociales coincide con insistentes rumores sobre la inminencia de un golpe de estado, rechazados por el gobierno, que denuncia en cambio una conspiración conservadora y empresarial para desacreditarlo.
El ejecutivo convocó para mañana una concentración indígena y popular en La Paz, de defensa pacífica de la democracia frente a las maniobras de sectores minoritarios.
La Paz, 11 de octubre 2006
Prensa Latina , 0, 119, 11
